Así lo reclamó en un comunicado en el que advirtió de que el tope al gas “volverá a poner la tarifa eléctrica semirregulada muy por debajo de las ofertas del mercado libre”.

“Aunque la medida acordada por los gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea es insuficiente y la factura eléctrica seguirá siendo desproporcionadamente alta, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) será menos caro que el conjunto de tarifas del mercado libre”, añadió.

Según sus cálculos, a partir de las tarifas aplicadas del 1 al 13 de mayo, el usuario medio con PVPC, que registra un consumo de 366 kilovatios/hora mensuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios, pagaría una factura mensual de 121,97 euros, mientras que tendría un recibo más caro al contratar las actuales tarifas de precio estable de diversas compañías.

Bono social

Asimismo, la organización defendió que la medida aprobada reducirá la factura eléctrica con respecto a las de los últimos meses, pero “seguirá sin garantizar que las familias españolas paguen tarifas razonables y libres de la especulación” a la que, a su juicio, “da lugar el modelo de subasta eléctrica marginalista”.

En este sentido, la asociación exigió una reforma “de calado” del bono social eléctrico, de manera que “millones de familias puedan beneficiarse de estos descuentos en la factura”, teniendo en cuenta que “solo 1,3 millones de puntos de suministro tienen bono social”.

En paralelo, volvió a instar al Ejecutivo central a que defienda en Bruselas la necesidad de “poner fin” al sistema de fijación de precios vigente desde hace décadas, que, puntualizó, “provoca que los consumidores paguen toda la electricidad al altísimo precio de la última tecnología de generación que entra en la subasta”.