Según informó Facua mediante un comunicado, se trata de un primer paso para que las instancias judiciales puedan recabar los datos de los perjudicados en toda España y posteriormente en su caso comunicarles las actuaciones que vayan a llevarse a cabo.

Ante este escándalo, Facua demandó al Gobierno la regulación de este tipo de inversiones ya que actualmente, al no tratarse de valores que coticen en mercados regulados, no están bajo el control y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España ni la Dirección General de Seguros, siendo las autoridades competentes las de Consumo.

La Federación consideró que las características de este negocio hacen necesaria una regulación que las enmarque en el mercado financiero, ya que la experiencia demuestra que los medios y el nivel de especialización de las administraciones competentes en materia de consumo resultan insuficientes para hacer frente al control de la actividad de este tipo de empresa.

Actualmente, las condiciones con las que deben actuar las sociedades dedicadas a la inversión filatélica tienen una mínima regulación, recogida en la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.