Así lo exigió su secretario general, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que criticó la “falta de preocupación por el control” de este tipo de eventos y volvió a alertar sobre la, a su juicio, “habitual existencia” de determinadas salas que “superan” el aforo máximo permitido o “incurren en otras carencias en materia de seguridad”, y de la celebración de cotillones “ilegales” en recintos sin licencia para actividades propias de discotecas o salas de fiestas.

En este punto, llamó a consistorios y administraciones autonómicas a que la Policía "peine" durante la noche de fin de año los establecimientos en los que se desarrollen estos eventos y proceda a “clausurar” los que sean “clandestinos” y a “garantizar que los legales cumplen con todos los requisitos de salubridad y seguridad”.

Por lo que respecta a los usuarios, Sánchez les aconsejó que, ante la “sospecha” de que en el local en el que se encuentran celebrando el evento se ha “superado el aforo máximo permitido”, llamen a la Policía Local. “Lamentablemente, la tónica dominante es que ningún inspector de la administración ni agente de la autoridad acuda a este tipo de eventos para evaluar si se respeta el aforo máximo autorizado o el mero hecho de si los locales cuentan con la correspondiente licencia para celebrar la actividad en cuestión”, denunció.

En este punto, criticó prácticas que ocurren durante “muchos” fines de semana y que se “acusan aún más en las noches de fin de año” por parte de este tipo de locales como son “intentar ganar mucho más dinero del que sería proporcional a la capacidad de la sala vendiendo un número muy superior de entradas y poniendo en riesgo la vida de la gente”.

“Especialmente gente muy joven, que, en un alto porcentaje de casos, ni siquiera se anima a protestar, a ponerse en contacto con la Policía Local para trasladar que sospecha que está ocurriendo algo extraño -en la fiesta-, que hay demasiadas personas en la sala, independientemente de que un consumidor no tiene capacidad para conocer si se está superando el nivel máximo de aforo”, apostilló.

Tras reconocer que son cuestiones que puede “conocer un técnico e intuirlo la Policía Local por el nivel de saturación”, Sánchez emplazó a los jóvenes que acudan a estas celebraciones a que, “si aprecian que hay un número excesivo de personas, que están demasiado apretados por todas las partes del local” a que “valoren” contactar con la Policía Municipal para que “visite de manera urgente el local, valore si se habría superado el aforo máximo permitido y proceda al desalojo del establecimiento para garantizar la seguridad”.

“No sería la primera vez que se produce un accidente y hay que tener en cuenta que también se han dado accidentes mortales en macrofiestas precisamente por haber vendido más entradas de las que recomendaba el aforo”, sentenció, al tiempo que aconsejó a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a “protocolizar las inspecciones” y a realizarlas también "en la misma noche de fin de año”.

En este sentido, abogó por que dichos inspectores visiten locales para “hacer comprobaciones” de aforo y confirmar que cumplen con el resto de requisitos en materia de seguridad, entre los que citó el que las puertas de emergencia “no estén cerradas con candados”, además de que, en los días previos, realicen un “control” sobre macrofiestas que se publicitan a través, “sobre todo, de redes sociales”.

Todo ello, para “inspeccionar” al responsable de la fiesta y al del local y “verificar si han puesto un máximo al número de entradas a la venta y si el máximo coincide con el tope de aforo que establece la normativa en función de las características del local”, algo que, a su entender, “raras veces se hace”.

A este respecto, reclamó “sanciones contundentes” para quienes incumplan la normativa, incluyendo el cierre del establecimiento “durante un número prolongado de meses”, y defendió que, “independientemente de que la fiesta pueda organizarla un tercero que no sea el dueño del local, ese local es corresponsable y debe también de ser cerrado durante un periodo para que sea una sanción ejemplarizante”.

Junto a ello, emplazó a los usuarios que acudan a este tipo de eventos a que sean “exigentes con lo que reciben en el evento” y tengan también en cuenta aspectos como que en el local haya medidas de ventilación, de climatización, de limpieza y de suministro de los bienes ofertados "suficientes -de manera- proporcional también al número de clientes”.

Con el fin de evitar cualquier tipo de incidente, Facua recomendó a los usuarios que se aseguren de que los locales tienen salidas de emergencia “suficientes y utilizables”, extintores, y aseos “en buenas condiciones y acordes al aforo anunciado”, entre otros requisitos.

La asociación recordó que, ante estas “irregularidades”, los usuarios pueden exigir la devolución de la totalidad o una parte del precio de sus entradas, o presentar reclamaciones en caso de que sufran incidencias como exceso de aforo, pérdida o deterioro de abrigos o incumplimiento de servicios.

Finalmente, su secretario general consideró “fundamental” que, una vez pasadas las fiestas, las administraciones competentes den cuenta de sus actuaciones inspectoras “con total transparencia”, hagan públicos los datos sobre los controles que hayan desarrollado durante la celebración de los cotillones y den a conocer los nombres de los establecimientos y empresas que estén detrás de la organización de aquellos “en los que hayan detectado distintos tipos de irregularidades” para que los usuarios “tomen nota".