Así lo precisó su secretario general, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que advirtió de que, en “un grave acto de irresponsabilidad”, el Gobierno de Juanma Moreno “ha puesto bajo sospecha a toda la hostelería de Córdoba” al “negarse a hacer público el nombre del local que investiga” por una intoxicación alimentaria “sufrida por decenas de personas que acudieron a él, una de las cuales ha fallecido”.

A su juicio, con esta "opacidad" y “falta de transparencia”, la Consejería de Salud y Consumo está “dificultando” que otros consumidores que hayan acudido al establecimiento y hayan tenido síntomas compatibles con la toxiinfección bacteriana “puedan ser conocedores de la investigación y poner los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias”, si bien quiso “aclarar” que “no está confirmado que la comida suministrada en el local sea el origen de las intoxicaciones ni del fallecimiento de la clienta”.

“Por prudencia y teniendo en cuenta que en estos casos hay que maximizar la prevención del riesgo, consideramos que el local debería permanecer cerrado hasta que concluya la investigación de la administración sanitaria y se confirme o descarte su vinculación con el brote”, aseveró, mostrándose partidario de su "clausura preventiva".

LOS HECHOS

Por lo que se refiere al relato de los hechos, Sánchez subrayó que, según confirmó este miércoles la delegada provincial de la Consejería de Salud y Consumo, María Jesús Botella Serrano, hasta el día 13, es decir, hasta el lunes, a la Delegación de Salud “no llegó ninguna denuncia sobre este hecho y tampoco llegó ninguna comunicación por parte de ningún facultativo que hubiera atendido a ninguno de los afectados”.

No obstante, el secretario general de Facua corroboró que uno de los afectados ha “facilitado” a la organización el documento con la notificación de intoxicación alimentaria que presentó ante Salud y está fechado el viernes 10 de enero a las 16.29 horas.

“Se trata de un correo electrónico que envió a la dirección que facilita la Consejería en su página web para asuntos relacionados con información general de salud pública y que, según la versión de la Junta, no habría sido abierto hasta el lunes”, criticó Sánchez.

En paralelo, añadió que Facua tiene en su poder los informes de alta de urgencias de dos intoxicadas que acudieron al hospital privado San Juan de Dios, que están fechados los días 5 y 8 de enero y según los cuales ambos habían comido en un restaurante el día 4, pero no incluyen el nombre.

“En el primer informe se indica que la afectada relató que 10-12 de los comensales están con clínica similar y en el segundo, que había familiares en estado similar”, sentenció.

PROTOCOLO

En este contexto, puntualizó que el Protocolo de Actuación ante Alerta por Toxiinfección Alimentaria (TIA) de la Consejería de Salud establece que cualquier centro sanitario que atienda a afectados “lo comunicará con urgencia al Epidemiólogo del Distrito”.

A su vez, indicó que la última versión de este protocolo, actualizada en 2019, especifica que, en caso de que la atención se produzca de 15.00 a 08.00 horas, fines de semana y festivos, “la alerta será canalizada a través de la EPES”, esto es, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que fue disuelta en 2021.

“Un folleto de 2024 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Andalucía publicado en la web de la Junta indica que el protocolo de comunicación en esos horarios se realizará contactando con el Servicio Asistencial 061 desde el centro sanitario público o privado”, concluyó.

Junto a ello, lamentó que fue este miércoles, 11 días después de la celebración del evento, cuando la Junta de Andalucía “envió a un inspector a tomar las muestras del producto que supuestamente es el coincidente en los 44 intoxicados”, en referencia a un montadito de pringá, producto sobre el que, dijo, la administración andaluza “tiene las máximas sospechas de que podría ser el vinculado al brote”.