Así lo defendió la asociación en un comunicado en el que recordó que ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de ley del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, e instó a que se modifique el texto para “excluir” a los clientes del pago de la tasa.

En este sentido, explicó que la disposición adicional primera del borrador de la normativa señala como sujetos pasivos en el pago de esta cantidad a "las entidades financieras" y a "los clientes" y que "la cuota de la tasa será de 250 euros por reclamación admitida". Además, subrayó que esta tasa se pagaría en caso de que se utilice el sistema alternativo de resolución de conflictos de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.

A este respecto, advirtió de que, si bien el pago de esta cantidad puede resultar “disuasorio” de cara a que las entidades resuelvan “directamente” las reclamaciones de los usuarios sin necesidad de que estos deban acudir a la Autoridad Administrativa, pretender cobrarlo también a los consumidores “supone un grave obstáculo para que reclamen”. “Tendrían que abonar una cantidad adicional, a la que quizá no pueden hacer frente, sólo para poder defender sus derechos, cantidad que en ocasiones puede ser incluso superior a la reclamada”, apostilló.

La asociación señaló, además, que incluir como sujeto pasivo de esta tasa a los usuarios entra en contradicción con el resto del texto normativo, que “en numerosas ocasiones señala la gratuidad de este sistema alternativo de resolución de conflictos”.

Facua puntualizó, además, que esta redacción del texto se da “en un contexto” en el que, según la Memoria de Reclamaciones de 2021 del Banco de España, las reclamaciones de los ciudadanos por malas prácticas bancarias aumentaron un 61% con respecto a 2020, lo que, a su juicio, “se explica en un alza de los abusos del sector durante los últimos tiempos”.

Por ello, urgió al Ministerio de Asuntos Económicos a que modifique la disposición adicional primera del texto para “eliminar” las referencias a los clientes como sujeto pasivo de la tasa por la resolución de reclamaciones, de manera que los usuarios “no tengan que abonar ninguna cantidad por hacer valer sus derechos cuando la entidad financiera desoye sus pretensiones o decide desestimarlas”.

UN AÑO PARA RECLAMAR

En paralelo, la asociación también rechazó que el anteproyecto de ley contemple sólo un año de plazo para interponer una reclamación ante la Autoridad Administrativa desde la presentación de dicha reclamación a la entidad bancaria y que no existe “ningún mecanismo” para poder recurrir la inadmisión de una reclamación ante la Autoridad Administrativa, lo que, a su entender, “vulnera el derecho a la legítima defensa" de los consumidores, que "no pueden realizar ninguna acción en caso de que la administración decida no admitir su reclamación”.

Junto a ello, lamentó que, según el texto de la nueva normativa, sólo serán vinculantes para los bancos aquellas resoluciones por cuestiones económicas en los que la cantidad no supere los 20.000 euros.

Otro de los aspectos en los que incidió la organización es en que el anteproyecto de ley recoge la posibilidad de imponer una multa a aquellos consumidores que interpongan una reclamación en la que se aprecia "temeridad" o "mala fe" y advirtió de que “no se pueden tachar jamás de temerarias las reclamaciones que imponen los usuarios ante prácticas de las entidades bancarias que "en contra de las exigencias de la buena fe" les causen un perjuicio”.