Así lo solicitó en el transcurso de una reunión con representantes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta para exponer su postura y demandar que incluya medidas concretas de protección a los usuarios en el ámbito de las VTC en el decreto ley en el que está trabajando el Gobierno andaluz y que permitirá a estos vehículos seguir operando en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario general de Facua Andalucía, Jordi Castilla; el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet y el director general de Movilidad, Felipe Arias, además de la jefa del servicio de Inspección y Sanciones, Piluca Baena, y un representante de Adicae.

Tras lamentar que la Administración haya escuchado sus propuestas “apenas unos días antes” de que dicha norma entre en vigor, la federación defendió un modelo que permita la “convivencia” entre los taxis y las VTC. Para alcanzar ese “equilibro”, exigió una serie de medidas que “protejan” al sector del taxi y que “impidan que las VTC se conviertan en hegemónicas en las ciudades andaluzas donde operan”.

Asimismo, demandó que las plataformas intermediarias incluyan medidas “específicas” de protección a los consumidores que “garanticen”, además, el cumplimiento de la normativa andaluza en materia de consumo, algo que, a su juicio, “no está ocurriendo actualmente”.

Del mismo modo, reivindicó que se contemplen una serie de indemnizaciones “proporcionales y justas” para los usuarios en aquellos casos en los que exista un “incumplimiento o mala prestación” del servicio.

Junto a ello, subrayó la “importancia” de que se “intensifiquen” las labores de control e inspección como “elemento garantizador de la adecuada prestación del mismo y equilibrio entre los dos modelos” y de que se garanticen aspectos como el confort de los vehículos o la formación de los conductores.

La norma que prepara la Consejería de Fomento recoge, entre otras medidas, una limitación espacial de los vehículos VTC en los lugares de mayor demanda, como pueden ser estaciones de trenes, y Facua Andalucía considera que las distancias planteadas son “insuficientes”.