Jaume Mora, uno de los responsables del Grupo de PVC de la Confederación Española de Empresarios de Plásticos (AAIP), manifestó hoy a Servimedia que las declaraciones de Narbona han sorprendido a la industria del plástico, ya que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se había comprometido a alcanzar un acuerdo con los empresarios antes de que se aprobara el anteproyecto.

Según Jaume Mora, "da la sensación de que Cristina Narbona está actuando por su cuenta dentro de la Administración e intenta acercarse a posiciones ecologistas radicales para obtener rentas electorales".

El portavoz de los fabricantes e PVC señaló que otros ministerios, como los de Sanidad y Consumo, Industria y Comercio y Agricultura, Pesca y Alimentación, se han opuesto a que el anteproyecto de real decreto ley se apruebe por el procedimiento de urgencia, como pretende el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, encargado de la redacción del texto.

A pesar del interés de Cristina Narbona por aprobar la nueva normativa sobre envases antes del 3 de marzo, Jaume Mora señaló que los fabricantes de PVC trabajan sobr la hipótesis de que eso no ocurrirá, ya que antes debe pasar por el Consejo de Estado.

Respecto a la posición que adoptaría un Gobierno del PP en relación a esta legislación, Mora indicó que resulta prematuro pronunciarse al respecto.

El anteproyecto de Real Decreto Ley de Envases y Residuos de Envases que defiende Cristina Narbona constituye el decimoquinto texto que elabora su departamento y a él se opone la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Algunas de las raznes que argumenta la CEOE para oponerse al real decreto se refieren a que otorga de manera injustificada prioridad a la reutilización sobre el reciclaje, discrimina unos materiales sobre otros, establece objetivos excesivos de reducción de residuos y encarece los sistemas de gestión de residuos de envases repercutiendo los costes sobre los consumidores.

Por su parte, los fabricantes del PVC se sienten especialmente perjudicados por este texto legal, ya que establece un objetivo de reducción del 10 porciento en el peso de los residuos de envases de todos los materiales en un plazo de 5 años, excepto en el caso del PVC, donde el objetivo de minimización se sitúa en el 20 por ciento en el mismo periodo.