Este decreto se aplicará tanto a los ciudadanos de los demás estados miembros de la UE, como a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Según el Gobierno, el objetivo de la normativa es regular el acceso, desempeño y ocupación de puesos de trabajo por parte de nacionales de otros estados, en los ámbitos de la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Administración de Justicia y la Administración de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Para poder acceder al empleo público español, los extranjeros deberán participar en las convocatorias y superar los procesos selectivos correspondientes a los cuerpos, escalas, plazas y empleos, en concurrencia de iguadad con los aspirantes españoles.

Los puestos de trabajo que impliquen la participación en el ejercicio del poder público y en las funciones de salvaguardia de los intereses del Estado o de las demás Administraciones Públicas quedan reservados a los empleados públicos de nacionalidad española.

El decreto aprobado hoy por el Gobierno establece los requisitos que deben cumplir los aspirantes no nacionales a empleos públicos, el modo de acreditar los mismos, y la evaluación del conocimiento del castllano en los procesos selectivos.