El ejercicio de los derechos de reunión, sindicación asociación, manifestación y huelga para los inmigrantes irregulares centró el debate del texto hasta su final, con un duro cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP.

Mientras el PSOE defendió la inconstitucionalidad que supone negar el ejercicio de esos cinco derehos a los inmigrantes irregulares (cuestión que también defendió el PNV, IU y Grupo Mixto), el PP se amparaba en informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, así como en la propia Constitución para avalar la "constitucionalidad" de toda la reforma, incluso, en dichos derechos.

Así, la diputada del PP María Angeles Muñoz acusó al PSOE de rechazar esta ley por "oportunismo político" y de manifestar un "doble lenguaje" durante la tramitación de este texto.

A estas acusacioes, el ponente del PSOE en esta reforma, Diego López Garrido, señaló que doble lenguaje es el que utiliza el PP en el texto de la reforma cuando "en la primera frase de los artículos 7, 8 y 11 da esos cinco derechos y en la segunda frase se los quita. Esos es un ejemplo perfecto de doble lenguaje".

"El derecho de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga es un derecho que tiene toda persona por el hecho de ser persona y que el negárselo constituye un acto contrario a los derechos humano y a la Constitución española", sentenció.

A reglón seguido, López Garrido se preguntó si la diputada Muñoz llama "oportunista político al Tribunal Constitucional, que en su sentencia 115/87 dice que en España, a diferencia de otras constituciones, el derecho de reunión y manifestación se reconoce a todos los extranjeros, y que en España, a diferencia de otras constituciones, el derecho de asociación se reconoce a todos los extranjeros. Así que me gustaría saber si también es oportunista el Tribunal Cnstitucional".

Por su parte, Muñoz insistió en que los informes del CGPJ, del Consejo de Estado y también la jurisprudencia del Constitucional "han dejado bien claros" nuestra posición en esta cuestión.

ENMIENDAS ACEPTADAS

El texto de reforma aprobado recoge más de 50 enmiendas de las 357 presentadas al texto y que afectan a más de cerca 30 artículos de la vigente Ley de Extranjería.

Las modificaciones aprobadas y que han contado un respaldo mayoritario por parte de todos los grupos parlamntarios son las relativas al derecho de educación de 0 a 6 años para los hijos de los inmigrantes irregulares, la no devolución de extranjeras irregulares embarazadas, la colaboración de las comunidades autónomas en la elaboración del contingente de trabajo para inmigrantes y la motivación de denegación de visados en los casos de reagrupación familiar y trabajador por cuenta ajena.

Asimismo, fue aceptada una enmienda del PSOE, transaccionada por el PP, por la que que el Gobierno elaborará un Real Decrto para facilitar la regularización a los más de 57.000 inmigrantes irregulares que vieron denegada su solicitud por no poder acreditar su estancia en España antes el 1 de junio de 1999.

Sobre esta cuestión, el diptuado de CiU Carles Campuzano anunció que su grupo parlamentario en el Senado presentará una enmienda para precisar aún más el contenido de ese Real Decreto de "repesca" de extranjeros irregulares.

SENADO

Durante el debate, tanto Paulino Rivero, de CC, como Carles Campuzano, coincidieon en señalar que la reforma mejora la vigente Ley de Extranjería, pero pidieron al PP y al Gobierno que haga un esfuerzo en el Senado para finalmente reconocer el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga a los inmigrantes irregulares.

Ambos parlamentarios también coincidieron en destacar la necesidad de acompañar la reforma de esta ley con políticas globales de inmigración, en las que se refuerce la lucha contra las mafias que trafican con persona y se ahode en la cooperación internacional.

Por su parte, el diputado de IU Francisco Frutos destacó que la reforma de esta ley "vulnera la Constitución" en la cuestión de los citados cinco derechos. En esta misma línea, la parlamentaria del PNV, Margarita Uría, aseguró que es "injustificado e inconstitucional" no reconocer esos derechos.

Los distintos diputados del Grupo Mixto también expresaron su rechazo de esta reforma, por lo que consideran un retroceso en los derechos fundamentales de los extranjers.