Según un comunicado de CEAR, el aplazamiento permitiría la realización de un pacto de Estado sobre la inmigración, en el que deberían quedar incluidos los partidos políticos, los sindicaos, las asociaciones de inmigrantes y las organizaciones que defienden los derechos de los extranjeros.

Según la organización, el pacto debatiría los problemas reales de esta cuestión "sin caer en un discurso alarmista o demagógico con fines partidistas".

Los principales puntos que CEAR considera que deben ser eliminados del proyecto de Ley de Extranjería son: el recorte de derechos que disfrutan los extranjeros en situación irregular, el aumento de la discrecionalidad en la actividad de la Aministración y la "criminalización" de la inmigración.