En rueda de prensa, EnriqueSantiago, secretario general de CEAR, explicó que expertos jurídicos de la organización han realizado un análisis sobre la reforma de esa ley, que, según dijo, el Ejecutivo acomete de forma "acelerada y responde a su frustración" de no poder reformar la ley en su proceso parlamentario.

Santiago precisó que los artículos de la reforma que podrían ser declarados inconstitucionales son los que no reconocen a los inmigrantes irregulares el derecho a reunión, sindicación, manifestación, huelga, asistencia urídica gratuita y tutela judicial efectiva.

Por otro lado, CEAR rechaza la pretensión del Gobierno de que el periodo exigido de permanencia para acceder a la regularización sea de cinco años y no de dos como en la actual ley vigente. Asimismo, rechazan la intención del Ejecutivo de que no se justifique la denegación del Gobierno y de limitar el derecho de reagrupación familiar.

Por otro lado, Santiago rechazó que la Ley de Extranjería provoque el denominado "efecto llamada", tal como alega el Goierno para reformarla, y señaló que el número de inmigrantes irregulares que alcanzaron las costas del Estrecho, Ceuta, Melilla y Canarias en los primeros meses de este año, ya con la ley en vigor "ha sido la mitad de los que llegaron en el primer semestre del pasado año".

Añadió que "estas modificaciones están restricciones están restringiendo las posibilidades de integracion de un colectivo que, por otra parte, es necesario para el desarrollo económico de nuestro país".

En este sentido, subrayóque las organizaciones empresariales de España "están constantemente recurriendo a los servicios de empleo de entidades como la CEAR ante la acuciente necesidad de mano de obra extranjera".

Por su parte, Delia Blanco, presidenta de CEAR, subrayó la "rigurosidad y seriedad" del análisis de la reforma de la Ley de Extranjería realizado por los expertos jurídicos de la entidad y anunció que el texto será remitido al Gobierno y a los grupos parlamentarios.