José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria, dijo a Servimedia que "cuando se hacen las cosas con precipitación, nos encontramos con este tipo de asuntos", y agregó que "la contrarreforma de la reforma que han hecho está muy mal planteada".

A su juicio, el Ejcutivo ha cometido un error "lamentable" porque "se supone que unos ministerios tienen unos servicios jurídicos y uno de los retos principales es que antes de sacar cualquier tipo de proyecto, tiene que dar el informe preceptivo el Consejo del Poder Judicial".

González Armengol indicó que haber prescindido de ese informe demuestra "la precipitación" y "la nula valoración" que de dicho dictamen va a hacer el Ejecutivo. "Lo van a considerar como papel mojado. Simplemente le van a dar el trámite y vansacar las consecuencias que han sacado sin haberlo escuchado. Esa es la actuación normal y cotidiana de cualquier político que se precie", concluyó.

La portavoz de JPD, Montserrat Comas, calificó de "absolutamente indispensable" la decisión adoptada por el Gobierno y consideró adecuado que se haya subsanado la "grave ilegalidad" que suponía no haber consultado al CGPJ.

"Nos causa sorpresa" dijo a Servimedia, "el que este hecho haya sucedido por cuanto no hay precedentes que se conozcan y debría el Gobierno dar explicaciones públicas del porqué en un anteproyecto, además de tanto impacto social, se había omitido el informe del Poder Judicial".

Comas apuntó que detrás de la omisión de dicho dictamen existe "una decisión de acelerar el cambio legal sin tener en cuenta los preceptivos trámites por este objetivo tan inmediato del PP de querer modificar a toda costa la Ley de Extranjería".

Por su parte, José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),se limitó a señalar a Servimedia que la resolución del Gobierno de solicitar el dictamen del CGPJ es "plausible" y "acertada".