En un comunicado de prensa, AI expresó su preocupación "por la imposición de multas a compañías aéreas, marítimas y terrestres por transportar a España a personas que lleguen a España sin documentación adecuada", ya que "esta disposición hará más difícil aún el acceso al derecho al asilo en España".

AI teme que, con ese sistema, "la decisión sobre si una persona tiene motivos fundados para solicitar protección en España recaiga en la práctica en los trabajadors de las compañías de transporte, lo que supone transferir una responsabilidad pública a la esfera privada, y dejarla en manos de personas sin la formación ni las atribuciones adecuadas para considerar los motivos de persecución".