Gómez Colomer, que intervino en un seminario de profesores de Derecho organizado por la Universidad de Navarra, criticó "la situación de incomunicación en que se encuentran los delincuentes más graves (terroristas, narcotraficantes, defraudadores econóicos), a quienes se niega el derecho a elegir un abogado de confianza, para que no se dé la posibilidad de connivencia entre ellos y sus asistentes letrados".

A su juicio, una investigación policial debe llevarse de tal manera que no anule los derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentra el derecho a la defensa, derivado de la Constitución española.

Agregó que no puede aumentarse la seguridad en detrimento de la libertad de elección de abogado. Además, continuó, el delincuentenecesita en determinados momentos un apoyo moral que le dé esperanza, lo que es más fácil de conseguir cuando el abogado elegido es de confianza.

Solamente cuando el detenido no conozca a ningún abogado de confianza o no pueda pagarlo le deberá ser asignado un letrado de oficio, según Juan Luis Gómez, "pero fuera de estos casos no debe imponerse a un delincuente una defensa en la que no confía".

ABOGADOS DE ETARRAS

Estas afirmaciones vienen a reavivar la polémica surgida entre los abogados que abitualmente defienden a los terroristas de ETA y la legislación española.

Los letrados vinculados a Herri Batasuna realizaron un plante en las últimas dos semanas, negándose a defender en la Audiencia Nacional a los miembros de ETA en protesta por la aplicación a sus clientes del artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este artículo establece que en los casos en que el juez decrete la incomunicación, los detenidos deberán prestar declaración asistidos por un abogado de oficio, y no po el que libremente designen el interesado o sus familiares.

A juicio de los defensores, esta obligación supone una "indefensión" para los detenidos por delitos de terrorismo, y por este motivo decidieron abandonar las defensas, aunque esta misma semana han vuelto a ejercerlas.

En relación con esta polémica, la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, presidida por Antonio Pedrol Ríus, estudio la postura de los abogados de etarras y protestó ante la Audiencia Nacional por el hecho de que los letraos no puedan asistir a las primeras declaraciones de sus clientes, a quienes más tarde representan en las vistas orales.

CASTIGO A LOS CONNIVENTES

En opinión de Juan Luis Gómez Colomer, la solución al problema de incomunicación con restricción de la libertad de elección de un abogado es elaborar una disposición que castigue de forma rápida a los letrados que planteen la posible connivencia con sus clientes.

Para los casos en que se demuestre la connivencia entre el detenido y el abogado, el catdrático de Procesal propuso dos tipos de sanciones: a través de un proceso penal o dejando al colegio de abogados que decida una sanción disciplinaria.

Dado que ambos procedimientos son muy lentos, con lo que se corre el peligro de dar tiempo al abogado connivente a ponerse en contacto con otros sujetos relacionados con su cliente, Gómez Colomer expuso la necesidad de incluir en el Código Penal una disposición que tipifique el delito de connivencia, permitiendo así a la justicia actuar rápidamente conra el abogado implicado.

Por su parte, el profesor José Antonio Doral, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Navarra, señaló que la elección de abogado forma parte de la libertad contractual que todo cliente tiene.

Además, agregó Doral, no es sólo al recluso a quien puede interesarle una buena defensa, sino a la empresa donde trabaja, familia, partido político o cualquier otra institución que hubiese tenido relaciones con el delincuente y quiera salvar su imagen.