Según explicó Guy Goodwin Gill, director de la revista "International Journal of Refugee", que participó en una ponencia sobre la situación de los refugiados en Europa, han transcurrido 41 años desde la elaboración de la citada convención, por lo que es necesaio "redefinir " quién debe ser protegido por la comunidad internacinal.

Goodwin Gill añadió que, a nivel europeo, durante los últimos años se han incrementado las políticas de denegación de asilo, por lo que hay una incertidumbre con la pretensión de muchos gobiernos de no ampliar la definición de refugiado.

Otros de los participantes, como el eurodiputado James Glyn Ford, artífice del informe sobre el racismo y los derechos humanos en Europa, y Philip Rudge, secretario general de una organizacón, la ECRE, dirigida a aglutinar a otras más pequeñas que trabajan con refugiados y exiliados, subrayaron el déficit democrático de los organismos y organizaciones comunitarias a la hora de elaborar las leyes de inmigración.

Glyn Ford denunció al Grupo de Trevi, compuesto por los ministros de Interior de los Países Comunitarios, por contribuir a la criminalización de los inmigrantes, ya que los relaciona con el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen internacional, y porque las medidas que adopt escapan a cualquier control parlamentario nacional o europeo.

De igual modo, añadió Ford, las países que han suscrito el Tratado de Schengen, entre los que se incluye España, van a aplicar un control estricto en sus fronteras, mediante un sistema informatizado que incluirá a los extranjeros no "deseables", una medida que también escapa al control democrático de los parlamentos.

Por otro lado, señaló Ford, la desaparición de las fronteras internas en la comunidad augura un mayor control de la inmgración en las calles de las ciudades, en los colegios y en los sitios de trabajo.

Ford defendió "el estado trece" de la Comunidad Europea, integrado por los casi 14 millones de inmigrantes, a los que debe darse una carta europea de residentes que les permita gozar de los mismos derechos que al resto de los ciudadanos europeos, porque de lo contrario "crearemos ciudadanos de segunda clase", sometidos a unas leyes distintas, que propiciarán el racismo y la xenofobia.

NUEVO ESTATUTO DE REFUGIADO

inalmente, la representante española, Gloria Bodelón, directora de la Oficina Española de Asilo y Refugio (OAR), señaló la necesidad de modificar el procedimiento actual de asilo y refugio en España.

Según explicó, hasta 1986, las leyes funcionaron bien porque las cifras de solicitudes de asilo y refugio no llegaban a las 3.000, pero a partir de 1990, en las que comenzaron a superar las 8.000, ha quedado demostrado que el asilo y refugio está siendo utilizado "fraudulentamente".

Por ello, el Miniterio de Interior ha elaborado un proyecto de ley que modificará el actual estatuto de refugiados y que, básicamente, está dirigido a acelerar el proceso de tramitación que en la actualidad dura casi dos años.

Otra de las medidas que se quieren poner enpráctica es la de suprimir la ayuda económica a los refugiados y sustituirla por la garantía de manutención y alojamiento.

Según Bodelón, el proyecto no incluye que los refugiados puedan solicitar unpermiso de trabajo, sólo de residencia, porqu la experiencia francesa, que si lo contempla, ha demostrado que es una vía para utilizar el estatuto de refugiado de forma "fraudulenta".