El sindicalista ha sido acusado de lanzar piedras, bolas de rodamientos, tuercas y botes de refresco cargados con materia explosiva al Palacio de San Esteban, de la Comunidad Autónoma de Murcia.

También se le imputa el lanzamiento piedras a la elegación del Gobierno y al edificio de la Agencia Estatal Tributaria, causando la rotura de quince cristales, así como de haber quemado dos contenedores de basura.

La Administración considera que estas actuaciones conculcan el artículo 23 de la "Ley Corcuera", que prohibe "originar desordenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicoas, o causar daños graves a los biene de uso públicos siempre que no constituya infracción penal".

Para CCOO, este expediente pone de manifiesto "la clra intencionalidad por parte del Gobierno de dotarse de una elevada discrecionalidad o manga ancha para la imposición de fortísimas sanciones a través de una norma que, además de crear una inseguridad jurídica intolerable, se puede convertir en una ley antisindical".