En dicho dictamen, que será llevado a pleno el próximo mes de septiembre, el Gabinete Técnico afirma que no existen razones de eficacia para mantener la especialización, dado que desde 1992 los procesos seguidos por ese juzgado no han superado el ámbito de la investigación, mientras que ha descendido el número de asuntos sobre delitos monetarios.

Por ello, estima aconsejable que la distribución del trabajo sea más equilibrada con el reparto de los asuntos económicos entre los demás jugados centrales de la Audiencia Nacional, lo que añadirá además, a su juicio, un plus de diversidad de la formación de cada uno de los titulares de los juzgados y eliminará el riesgo del exceso de especialización en un único tipo de asuntos.

Asimismo, opina que de la evolución histórico-legislativa de ese órgano judicial se deduce una línea de "progresiva y paulatina aproximación" de ese juzgado a los demás juzgados centrales, "de manera que un proceso natural de los hechos conduce a la definitiva equparación, en cuanto a materias de las que debe conocer, a los demás juzgados centrales".

También considera que han desaparecido las circunstancias históricas que dieron lugar a su primitiva configuración, tanto en términos legislativos, dado que hay un creciente proceso de liberalización del movimiento de capitales, como en medios materiales, puesto que ya no hay en ese juzgado ningún funcionario especializado en esa materia.

El gabinete concluye, por ello, que no existe impedimento alguno para qe el CGPJ pueda dejar sin efecto la especialización del Juzgado Central número 3, aunque precisa que es necesario que el acuerdo que lo establezca se publique en el BOE y que entre en vigor a partir del 1 de enero de 1995, fecha hasta la que el juzgado de Moreiras y los restantes juzgados centrales seguirán conociendo de los procesos pendientes, lo que garantizará, en su opinión, la independencia judicial.

Finalmente, el Gabinete Técnico señala que desde una perspectiva de eficacia, sería más conveniete que la especialización exista, en su caso, en el órgano sentenciador.

Por otra parte, los letrados del CGPJ consideran ajustada a ley la adscripción al juzgado de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional del magistrado Manuel García-Castellón, que ocupó el Juzgado Central número 5 durante el periodo en que su actual titular, Baltasar Garzón, se dedicó a la política.