Según el proyecto de reglamento sobre protección de los dats personales manejados por las instituciones comunitarias, el supervisor realizaría investigaciones por cuenta propia, asesoraría a las instituciones sobre estas cuestiones y colaboraría con las autoridades nacionales. Sus decisiones podrían ser recurridas ante el Tribunal de Justicia.

La propuesta establece que sólo se pueda acceder a la información sobre delitos, condenas criminales o medidas de seguridad si el Tratado de la UE lo autoriza. Además, los datos deberán ser precisos y no ofrecer más infrmación que la solicitada. De esta forma, se evitaría la distribución de datos sobre el origen étnico, la tendencia política y religiosa, afiliación a organismos sindicales y orientación sexual.