El primero de los testigos solicitados por el fiscal Carlos Bautista en esta vista oral fue Jorge Olaiz Rodríguez, miembro del "comando Nafarroa" de ETA detenido el 26 de noviembre de 2001 en Pamplona tras un tiroteo con la Guardia Civil.

En su declaración ante la Guardia Civil tras ser detenido, Olaiz aseguró que Josu Mirena Beaumont, uno de los 27 acusados en este juicio, le entregó una carta citándole en Francia para una reunión en la que el propio Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote", le propuso integrarse en ETA.

Ante el Tribunal, Olaiz negó haber recibido ninguna carta de Beaumont, y señaló que si así lo afirmó ante la Guardia Civil fue porque "llevaba cuatro días sufriendo torturas", unos malos tratos que denunció, pero que fueron archivados.

La siguiente testigo de la Fiscalía en declarar fue Susana Achaerandio Alesanco, detenida el 17 de enero de 2002 en Vitoria acusada de colaborar con ETA. Tras su arresto, la Guardia Civil encontró en su domicilio documentación de Gestoras Pro Amnistía.

Al inicio de su declaración ante el Tribunal, Achaerandio reconoció tener una relación de amistad con dos de los acusados, en concreto con Maite Díez de Heredia e Iker Zubía.

DOCUMENTOS DE GESTORAS

En su declaración policial, Achaerandio informó de que Díez de Heredia era la máxima responsable de Gestoras Pro Amnistía en Álava y que, ante el acoso policial que sufría los aparatos de apoyo a los preso de ETA, decidió guardarle en su domicilio diferentes documentos de esta organización.

Achaerandio también se desdijo de estas declaraciones y afirmó haber sufrido todo tipo de torturas por parte de la Guardia Civil tras su detención, y aseguró que fueron los propios agentes los que le indicaron que debía contestar en todo momento.

"Sufrí todo tipo de vejaciones, me aplicaron electricidad, me colocaron una bolsa en la cabeza y la Guardia Civil preparo junto a mi una declaración diciéndome lo que debía declarar", aseguró la testigo, quien añadió que denunció estos hechos ante la Audiencia Nacional.

Achaerandio señaló que Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna se financiaban a través de "huchas que se colocaban en los bares y en las casetas de las fiestas", así como mediante sorteos.

Por último declaró, Ibon Aranalde Ijurco, hermano de la etarra Maite Aranalde Ijurco y condenado a dos años de cárcel por participar en actos de violencia callejera o "kale borroka".

Aranalde dijo conocer a uno de los principales acusados en este juicio, el responsable nacional de Gestoras Pro Amnistía Julen Celaraían, aunque explicó que tan sólo tenía relación con él porque era "del pueblo de al lado".

En su declaración policial tras ser detenido, Aranalde aseguró conocer también al máximo responsable de Askatasuana Sabin Juaristi, algo que negó hoy alegando, al igual que los demás testigos, haber sido objeto de torturas.

El testigo explicó que "aparte de los golpes físicos", los agentes de la Guardia Civil le amenazaron diciéndole que si denunciaba los malos tratos "el infierno que estaba pasando" lo pasaría también su familia, en concreto su hermana, que había sido detenida por una presunta pertenencia a ETA.

Tras escuchar esta afirmaciones, el fiscal Bautista trató de redirigir el curso del interrogatorio, y formuló preguntas más genéricas ante las cuales Aranaldes explicó que la labora de Gestoras Pro Amnístia era "ayudar a los represaliados" y que esta organización fue sustituida por Askatasuana.

La presidenta del tribunal, la jueza Teresa Palacios, preguntó al testigo qué entendía por "represaliado", ante lo cual Aranalde explicó que "puede ser un preso vasco, palestino o africano, que lucha por los derechos de su pueblo, y que por esa razon lo oprimen y termina en la cárcel o tiene que huir".