Asímismo, en otra resolución, el magistrado procesa al miembro de la antigua cúpula de ETA, desarticulada el 29 de marzo de 1992, Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", por otro atentado perpetrado contra un edificio de Telefónica en Madrid el 18 de abril de 1982.

Además, el juez también ha dictado el procesamiento de varios miembros de los grupos "Y" de apoy a ETA como autores de un delito de terrorismo.

En el primer auto, el juez considera probado que Lasarte, junto con Francisco Javier García Gasteluz y Juan Ramón Carasatorre, a los que también procesa por un delito de terrorismo con resultado de muerte, decidieron asesinar al sargento Morcillo, para lo que el primero se encargó de verificar los datos de que disponían sobre el domicilio y vehículo de la víctima.

Una vez realizada esa misión, Lasarte transportó a los otros dos etarras hasta el barro de Lasarte en que vivía el sargento, donde éstos le asesinaron el 15 de diciembre de 1994 disparándole en la cabeza.

Por otra parte, además de "Pakito", el magistrado también ha dictado el procesamiento de Juan José Lorenzo Lasa Michelena, "Txiquierdi"; José Ignacio Aracama Mendía, "Makario"; Belén González Peñalga, José Angel Urgiaga Martínez, Juan Manuel Soares Gamboa, Javier Cervera López, José Luis Sebastián y David Blanco Corbal por un delito de estragos, por la colocación de un artefacto exploivo en el edificio que Telefónica tiene en la calle Ríos Rosas de Madrid.

El juez les aplica la agravante prevista para ese delito en el anterior Código Penal, vigente en el momento del atentado, "a la vista de la situación de gravísimo riesgo para la vida de las personas que, en el momento de la explosión, estaban en el interior del edificio".

Finalmente, Garzón también procesa en otro auto a Imanol Iparraguirre Arrechea, Joen Salaberría, Argider Múgica, Iker Achotegui, Urko Galarraga y Oskarbi aúregui, miembros de los grupos "Y" de apoyo a ETA, por un presunto delito de terrorismo, aunque a los tres primeros en concepto de dirigentes y coordinadores y a los últimos como ejecutores de diversas acciones contra entidades bancarias y organismos públicos.

Según el juez, dentro de la estrategia de obtener por la violencia la autodeterminación del País Vasco, ETA puso en marcha a principos de los años 90 los grupos "Y", "cuya actividad se va a desarrollar con una estructura aparentemente desestrucurada y desarticulada para dificultar su desarticulación, bien en forma simultánea y coordinada con la de ETA".

El juez precisa que, sin embargo, dichos grupos van a actuar siguiendo los dictados de ETA sin evidencias organizativas para que sea imposible demostrar su existencia, aunque con una mínima pero real organización que garantice tres cosas: los objetivos políticos, la información logística y un cierto grado de fianciación encubierta.