El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, dijo a Servimedia que ha de existir algún mecanismo legal para defenderse ante el terrorismo y sus colaboradores y opinó que es preferible un despido legal y el pago de la indemnización correspondiente que mantener a un colaborador de ETA en la Policía Municipal.

"Esas son las cosas que no son entendibles", añadió el dirigente del SUP. "Estamos hablando de la vida y de la librtad de muchos ciudadanos. Es un descrédito para la política y para todos nosotros que demuestra que no lo estamos haciendo bien después de tantos años de lucha contra el terrorismo. Me parece escandaloso y vergonzoso".

Insistió en que el consistorio donostiarra debe tener posibilidades legales para evitar el reingreso de este policía y subrayó que acusar a un agente en un expediente interno de colaboración con banda armada, habiendo de por medio una sentencia firme, es motivo más que suficiente para xpulsarle del cuerpo.

En los mismos términos se manifestó Enrique Gómez, secretario general de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), quien indicó a Servimedia que si el régimen disciplinario del Ayuntamiento de San Sebastián no prevé la expulsión de un informador de ETA, se está apoyando desde la propia policía este tipo de actividades.

"Cuando a alguien se le condena por un delito de similares características, lo que tenía que haber hecho ya el Gobierno Vasco y el propio ayuntamieto era expulsarle del cuerpo, cosa que ocurre con cualquier otro policía o guardia civil del Estado. Tienen un régimen disciplinario tan benévolo que admite cuestiones tan graves como ésta", precisó.

En opinión del responsable de ANPU, la actitud del ayuntamiento donostiarra supone "una tomadura de pelo a los ciudadanos del País Vasco, a los que se supone tiene que proteger", y "una vulneración del código deontológico que cualquier profesional debe tener".