Sin embargo, consideró oportuno iniciar una investigación "para saber si estamos ante una aplicación correcta o incorrecta de la norma, por más descabellada que nos pueda parecer".

López señaló, en declaraciones a Onda Cero, que el CGPJ ha decidido abrir una investigación debido a la transcendencia social que ha tenido el caso.

A la vista de los resultados de esta investigación, el responsable de Servicio de Inspección encargado de la misma tendrá que optar entre "entender que no hay responsabilidad disciplinaria, la incoación de diligencias informativas para seguir investigando o la incoación de un expediente disciplinario".

En caso de que se considere que se ha cometido delito, el caso sería remitido al Ministerio Fiscal. "Hay que estudiar si (la juez) ha aplicado la norma con atención o con absoluta desatención", dijo López.

Aunque no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que la ecisión de la juez que ha concedido el tercer grado al etarra sea una consecuencia de las amenazas del nacionalismo radical sobre el poder judicial vasco, añadió que "a nadie se le escapa que en el País Vasco es más complicado ejercer que en otros puntos de España".

"El juez es el garante del Estado de Derecho y debe superar cualquier situación. Si no puede hacerlo, tiene que informar al CGPJ para que tome las medidas que estime oportunas. Entiendo la situación por la que tienen que pasar los funcionaios en el País Vasco, pero el ciudadano tiene que tener seguridad de que son los garantes del Estado de Derecho. Un juez que se siente amenazado no es un juez independiente", finalizó.