ETA. OLANO NIEGA QUE GESTORAS PRO AMNISTIA MARQUE OBJETIVOS PARA QUE ETA MATE

MADRID
SERVIMEDIA

El coordinador de Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano, negó hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacionl, Ismael Moreno, que "haya apuntado con la diana para que ETA mate".

Olano declaró como imputado en relación a la querella presentada contra él el pasado mes de junio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por proferir presuntas amenazas contra quienes se oponen al acercamiento de presos a cárceles del País Vasco.

Las supuestas amenazas se produjeron en una rueda de prensa celebrada el pasado 6 de junio, en la que Olano afirmó que su asociación seguirá "señalando con el dedo" a quienes considea "responsables políticos" de la "violencia" contra los presos de ETA.

El coordinador de Gestoras manifestó hoy a los periodistas, tras su declaración ante el juez, que en aquella rueda de prensa se trató de denunciar la vulneración de los derechos humanos de los presos vascos en las cárceles "del Estado español".

"Nos limitamos a hacer crítica política, pero jamás hemos señalado a una persona en concreto para que pueda ser objeto de atentado", dijo. "Nada más lejos de la realidad".

Olano caificó de "infantil" afirmar que Gestoras Pro Amnistía "es ETA, que colabora con ETA o que marcan objetivos para que ETA pueda atentar", negando así las acusaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su querella, el departamento dirigido por Eduardo Fungairiño afirma que el mismo día que Olano hizo las mencionadas declaraciones "en tono intimidatorio", varios concejales del PP en Durango (Vizcaya) recibieron distintos pasquines procedentes de la banda ETA con el siguiente texto: "Si no te marcas, el próximo serás tú".

Para la Fiscalía de la Audiencia, teniendo en cuenta el "contexto de preocupación, pesar, temor e indignación" que había provocado el asesinato del concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, ocurrido dos días antes, los hechos descritos son constitutivos de un delito de colaboración con banda armada mediante amenazas.

Según el Código Penal, el hecho de que las amenazas se hayan realizado a través de los medios de comunicación y con la finalidad de "atemoriar a los habitantes de una población, grupo étnico, o a un amplio grupo de personas" está penado con un máximo de cinco años.

(SERVIMEDIA)
26 Oct 2000
VBR