En la actualidad, hay alrededor de 40.000 empleados civiles en las Fuerzas Armadas, a quienes se les informa igualmente de los avisos que el Ministerio del Interior hace llegar al departamento de Defensa sobre la posible comisión de una acción terrorista, según señalaron a Servimedia fuentes sindicales.

Asimismo, reciben, com el conjunto de los militares, las instrucciones precisas encaminadas a reforzar los mecanismos de autoprotección, recogidos en un tríptico que se difunde periódicamente en los acuartelamientos y departamentos dependientes del Ministerio de Defensa.

Entre las recomendaciones, destaca cambiar el recorrido habitual de traslado desde la vivienda particular al lugar de trabajo, aunque las fuentes informantes apuntaron que esta situación es apenas irrelevante entre el personal civil, puesto que el establecmiento de rutas (traslado en medios de transporte a cuenta de Defensa) se limita a un reducido número de acuartelamientos.

Con carácter general para todos, militares y civiles, se insta desde Defensa a inspeccionar el coche particular antes de ponerlo en marcha o procurar una flexibilización horaria laboral.

De hecho, el departamento que dirige Eduardo Serra presta una especial atención a la flexibilidad horaria, con el fin de dificultar un hipotético seguimiento por parte de terroristas a determnados funcionarios que pudieran convertirse en objetivo de atentados.

Los trabajadores civiles dependientes del Ministerio de Defensa no han sido ajenos a las consecuencias de la violencia terrorista. Un ejemplo significativo fue el atentado con coche-bomba en el barrio de Vallecas (Madrid), en el que murieron seis trabajadores, el 11 de diciembre de 1995.

En concreto, las víctimas de aquella masacre fueron dos conductores mecánicos, un conductor civil, dos chapistas y un administrativo. Los cuato últimos desempeñaban su labor en la Armada.