Esos reclusos etarras no han dado indicación de que sus expedientes sean trasladados a la UNED, como exige la reforma legal aprobada en mayo por el Congreso ante las sospechas de trato de favor a ese colectivo, por lo que no podrán seguir cursando estudios superiores.

Fuentes de la UNED informaron a Servimedia de que desde la UPV se les transmitió la semana pasada que sólo unos 90 presos etarras, de los más de 300 que se matricularon en el curso 2002-2003, habían pedido continar sus estudios en el centro estatal de educación a distancia.

Las fuentes consultadas informaron de que la universidad vasca comunicó a la institución estatal de que, como estipulaba la reforma legal de mayo, procederán en unos días a dar traslado de estos en torno a 90 expedientes, debido a que no habían podido alcanzar a tiempo el acuerdo con Instituciones Penitenciarias que les habría permitido seguir impartiendo la enseñanza a estos reclusos.

La imposibilidad de llegar a tiempo a este acuerd se deriva del hecho de que mañana, viernes, termina oficialmente el plazo de matriculación en la UNED, momento desde el cual los expedientes de los etarras deben estar en la institución universitaria estatal.

PRIVILEGIOS

El traslado de los presos etarras a la UNED se produce como consecuencia de la obligación que el Congreso estableció de que los reclusos sólo podrán estudiar en aquellos centros universitarios que tengan un convenio suscrito con el Ministerio del Interior, del que dependen las prisones españolas.

Esta reforma terminó con la situación anterior, en la que la mayoría de los presos etarras recurrían a la UPV para cursar sus estudios, situación que, según profesores vascos como Gotzone Mora, ha propiciado durante años que estos estudiantes recibieran un trato privilegiado.

En concreto, Mora, a través de la Plataforma Profesores por la Libertad, denunció la concesión de ayudas económicas a los presos etarras por parte de la universidad vasca, lo que se sumaba al presunto trato d favor que estarían recibiendo de profesores simpatizantes de la izquierda "abertzale".

En este sentido, la propia UPV llegó a reconocer que se concedió una ayuda de estudios a la etarra Belén González Peñalba cuanto ésta estaba huida de la Justicia, caso que no tuvo consecuencias legales para los funcionarios al haber prescrito los delitos que podrían haberse cometido.