La decisión de la juez coincide con el momento en que el Gobierno y los grupos parlamentarios estudian reformas legislativas destinadas a conseguir el cumplimiento íntegro de penas para los terroristas, condicionando rigurosamente la concesión de beneficios penitenciarios.

Pese a reconocer que la ley aplicable a los dos terroristas que han consegudo el tercer grado permite la aplicación de beneficios penitenciarios, el responsable socialista manifestó su "rechazo y repugnancia" a que cualquier terrorista pueda "ver acortada su pena sin suficientes garantías de que no se va a reincorporar" a la banda.

Entiende López Aguilar que, además de existir esas garantías, el penado debería haberse "desvinculado de manera expresa y pública del mundo terrorista" antes de verse beneficiado por cualquier medida de reinserción.

En todo caso, recordó que a juez Alonso "está aplicando la ley vigente y que permite obtener beneficios penitenciarios y redención de penas por el trabajo".

Además, cualquier otro terrorista que hubiera sido juzgado por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de la reforma que ahora se debate también podría acogerse a esos beneficios, puesto que "la Constitución prohibe la aplicación retroactiva de ninguna ley aprobada con posterioridad a los hechos por los que resulte juzgado o condenado un penado".

Tras la avalanca de críticas por su decisión, la juez ha explicado que ya ha autorizado beneficios penitenciarios con anterioridad y que en ningún caso se ha producido reincidencia en el delito, ni reincorporación al terrorismo.