El ministro de Justicia, José María Michavil, defendió este texto que inicia hoy su tramitación parlamentaria, y aseguró que se ha elaborado con "todas sus garantías", es "exquisito y escrupuloso en términos democráticos", y pretende evitar "criterios de reinserción ingenua", que beneficien a quienes "no cooperan con la democracia".

Con ello, aseguró, "nos estamos acercando a Europa, pues "no podemos seguir siendo el único país de la UE en el que al día siguiente de entrar en prisión" se puede otorgar beneficios penitenciarios a quienes han comtido "los delitos más graves". Indicó que nunca un terrorista, aunque tuviera más de cien años de condena, ha cumplido más de veinte, algo que no ocurre en los países de nuestro entorno.

A su juicio, la democracia debe estar "a la altura de un clamor social" que pide garantías a la libertad de cátedra, el derecho a la información, a juzgar de forma independiente, a ser político, "sin temer a los terroristas", porque "los pistoleros" que son "detenidos y condenados pueden burlarse del Estado de derecho, saliendo a la calle a pesar de "brindar con champán" cuando hay un atentado.

"No vale todo con el terrorismo, pero debe utilizarse todo lo que vale en democracia" para acabar con él, y este es el objetivo de una iniciativa que llega hoy a la Cámara "con un amplísimo consenso", dijo, lo que le llevó a agradecer a todos los grupos parlamentarios, tanto los que se han sumado al texto como los que no, su "esfuerzo de diálogo".

Durante su intervención, el ministro explicó los ejes fundamentales de eta propuesta, que pasa, además de por aumentar el tiempo de prisión, por exigir a los terroristas la indemnización a las víctimas, condicionar los beneficios penitenciarios a la desvinculación expresa de la violencia, y por la concensión del tercer grado penitenciario sólo cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena, una octava parte en el caso de la libertad condicional.

"TARIFA PLANA" DE 40 AÑOS

El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernado López Aguilar, indicó, por su parte, que "no estamos hablando de endurecimiento general, de tarifa plana de cuarenta años" para todos los terroristas, pues se mantendrá el tratamiento individualizado de cada terrorista para acceder a beneficios penitenciarios.

López Aguilar señaló que con esta reforma legal, además de la constitucionalidad, se busca la "eficacia" en las medidas de lucha contra el terrorismo, y dijo que, aunque mantiene "diferencias" con el PP, y presentará después enmiendas para soventarlas, no es el momento de discrepar.

"Los españoles reclaman unidad y responsabilidad", y eso es lo que pretende el PSOE. Insistió en que es "nuestro deber moral, político y jurídico" intentar acabar con el terrorismo, aunque a priori no se sabe si las iniciativas serán o no eficaces.

Por otro lado, precisó al ministro en su afirmación de que ningún terrorista, por graves que fueran sus condenas, ha cumplido más de veinte años en la cárcel, porque "no es verdad", ya que hacerlo en prisión prventiva o libertad condicional es también una forma de retribuir la pena.

Luis Mardones, de Coalición Canaria, expresó su conformidad con la tramitación de esta iniciativa y confió en que en el proceso parlamentario se dé un mayor consenso para "hacer una buena ley de la que tengan que tener temor los enemigos de la democracia" y de la que se puedan sentir "orgullosos" sus defensores.

OIR LO QUE CONVIENE

El portavoz de Justicia de CiU, Manel Silva, lamentó que el Gobierno oiga "sólo lo que le cnviene" y lance esta iniciativa "arropado por un clamor social" pero haga oídos sordos a otros mensajes que le lanzan los ciudadanos. Por ello, se abstuvo en la votación de las enmiendas a la totalidad a este proyecto.

Expresó su rechazo al incremento del límite máximo de las penas porque supone una cadena "cuasiperpetua" que implica la muerte social del recluso, cuando la reinserción también es un instrumento de lucha contra el terrorismo, y advirtió de que la política penitenciaria ha de ser "flexibe" y adaptarse al comportamiento del preso.

En contra de este proyecto se pronunciaron seis partidos, IU, PNV, EA, BNG, IC y ERC que defendieron sendas enmiendas a la totalidad a esta reforma legal por considerar que ataca el principio de reinserción de los presos, no será eficaz para acabar con el terrorismo y obedece más al oportunismo político.

PERPETUA ENCUBIERTA

El portavoz de Justicia de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón, subrayó que "el concepto de la reinserción es lo que distingue el ódigo Penal de la dictadura del democrático", pues el principio de que "los asesinos se pudran en la cárcel no ha estado nunca en un Código Penal de la democracia".

Denunció que el Gobierno popular ha iniciado la "voladura" del Código Penal del 95, que fue "hijo del consenso", para introducir un texto "inconstitucional y de difícil encaje en la legalidad internacional", porque opta por la "pena más dura" y la anulación de la "resocialización, al crear incluso "una especie de reclusión perpetua encubieta".

En nombre del PNV, Margarita Uría, tachó esta iniciativa de "oportunista", "regresiva", "inconstitucional en su aplicación práctica" e "ineficaz", para añadir que "cuando sobrevienen tiempos de crisis", las medidas represivas "dan votos", pero no son efectivas, porque, recordó, ETA asesinó a un presidente del Gobierno durante una dictadura, en la que había pena de muerte.

REINSERCION SUBJETIVA

En cuanto a las condiciones que se pretenden poner a la resocialización de los presos, apuntó que"no creo que exista un derecho subjetivo a la reinserción", tal y como establece el Tribunal Constitucional, y el legislador debe permitir esta posibilidad aunque el derecho de acceder a los beneficios penitenciarios se estudie después según los casos particulares.

Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, subrayó que este instrumento que propone el Gobierno, además de denotar "gran desconfianza del poder judicial", no significa más protección para la sociedad, no será "disuasoria", vulnera el princiio de humanidad de las penas, y "excede de lo legítimo", porque provoca la "destrucción del sujeto como ser social".

En nombre del BNG, Carlos Aymerich denunció que se luche contra ETA mediante "pequeños ataques a esa democracia que se dice querer defender". El diputado de ERC, Joan Puigcercós, indicó que esta ley "liquida las garantías" por "electoralimo", pues el Gobierno "juega con la alarma social"; y Joan Saura, de IC, lamentó que un partido progresista, el PSOE, promueva esta iniciativa.