En este sentido, laportavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Monserrat Comas expresó a Servimedia su "plena conformidad" con este acuerdo, ya que supone reconocer que la pena máxima de 30 años es "suficiente para combatir el terrorismo".

Aseguró que desde JpD comparten con el Ejecutivo y con el PSOE que los terroristas "que no demuestran su voluntad de ser reinsertados" cumplan el tiempo máximo contemplado en las leyes españolas.

Asimismo, destacó que los beneficios penitenciarios, de los que no disfrutarían losetarras que no se arrepintiesen, "deben reservarse en delitos de terrorismo para aquellos que se aparten de los postulados violentos".

ARREPENTIMIENTO

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, aseguró que su colectivo respeta los acuerdos entre Gobierno y partidos, pero advirtió de que deberá concretarse mucho la forma en que se certifica si los etarras están o no arrepentidos.

A su juicio, "a los efectos de una delincuencia como es la trrorista, es muy difícil saber si una persona está o no arrepentida", ya que es algo distinto a precisar, por ejemplo, si un recluso está o no enfermo.

Por este motivo, Requero indicó que Ejecutivo y las formaciones políticas van a tener que "armar muy bien desde el punto de vista legal" esta reforma, "para que no sea algo puramente arbitrario o testimonial".

Por su parte, el portavoz de la Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, estimó "positivo" el acuerdo entre Gobierno y socialista, porque su asociación entiende que no se modifica sustancialmente la ley y deja abierta la posibilidad a la rehabilitación de los etarras.

Armengol celebró que se deje la pena máxima en 30 años y se desechen opciones como la cadena perpetua para los miembros de ETA, debido a que puede haber casos, "aunque sean muy excepcionales, en los cuales puede existir rehabilitación".