Para ello, van a introducir a la ley el carácter de "básica", lo que obligaría a todas las administraciones del Estado, desde el Congreso de los Diputados hasta el último Ayuntamiento, a condenar la violencia tras cada atentado o acto de violencia callejero de la organización terrorista, según Informativos Telecinco.

La presencia de Batasuna en el Parlamento de Euskadi y en las Juntas Generaes de las tres provincias vascas le garantizan unos ingresos mínimos anuales que superan el millón de euros, casi 170 millones de pesetas.

La Administración central no paga subvenciones a Batasuna. Cuando la justicia le ha obligado, ha presentado recursos y hace tiempo que busca soluciones legales para evitar dar dinero público al brazo político de ETA. Esta actitud nunca ha sido compartida por el Ejecutivo vasco, que siempre ha dado subvenciones a Batasuna como al resto de partidos.

Ahora el Goberno central, con el apoyo del PSOE, prepara una reforma de la ley para dejar fuera de las subvenciones públicas a los partidos que no condenen la violencia.