La decisión está recoida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, a la que tuvo acceso Servimedia, en el concreto en el artículo 24 del capítulo III, que habla de las ayudas a los afectados por delitos de terrorismo.

Este apartado explica que la Ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, cubría en un principio los atentados cometidos entre el 1 de enero de 1968 y el 8 de octubre de 1999, supuesto que ha ido ampliándose cada año desde que ETA decidió romper la tregua que habríadecretado en 1998.

Esta decisión de la banda etarra, según el texto de acompañamiento de los Presupuestos, "obligó a extender la protección a las nuevas víctimas producidas a partir de la entrada en vigor de la Ley 32/1999, por lo que la modificación ampliatoria del ámbito territorial de dicha Ley resulta plenamente justificada" para 2004.

El texto legal de Solidaridad con las Víctimas establecía un baremo para las indemnizaciones, según el cual los familiares de personas asesinadas cobrarían 138232,78 euros (23 millones de pesetas), mientras que los heridos recibirían entre 36.060,73 euros (6 millones de pesetas) y 390.657,87 euros (65 millones).