Así consta en un auto hecho público hoy, por el que Garzón rechaza el recurso de reforma planteado por Batasuna contra la resolución, dictada el pasado 16 de octubre, en la que ordenaba una serie de diligencias encaminadas a demostrar que Batasuna es responsable de una limpieza étnica encaminada a lograr la victoria nacionalista en un futur referéndum de autodeterminación.

"En el estado actual de la investigación puede decirse que el grado o intensidad y la reiteración de los ataques contra la población civil o el Estado han pasado ampliamente el grado de intensidad necesario para convertirlos, de actos individuales, en actividad o conducta", argumenta Garzón.

Asimismo, señala que las diligencias acordadas el pasado 16 de octubre son "pertinentes y absolutamente necesarias" para determinar el alcance y el sentido delictivo de la acividad ilícita desarrollada desde hace años por el "complejo terrorista liderado por ETA".

Para probar que Batasuna lleva a cabo una limpieza étnica, movilizó a la Guardia Civil; a los ministerios de Hacienda, Educación, Cultura, Sanidad, y de Trabajo y Seguridad Social; a las confederaciones de empresarios; a la Fiscalía General del Estado; a sindicatos; al Consejo General del Poder Judicial; a la Junta Electoral Central, y "a cualesquiera otros que fueran necesarios" para que elaboren un "exhaustivo informe.

Así, solicitó una relación detallada, con el día, la hora, el lugar y la enumeración de las víctimas, de los atentados desde el inicio de las actividades de ETA hasta la actualidad, con los muertos, heridos y daños materiales que causó cada uno de ellos.

Garzón pidió también un informe sobre las armas, explosivos, aparatos para construcción de armamento, granadas y similares intervenidos a ETA o su entorno.

Asimismo, reclamó al Instituto de Investigaciones Sociológicas "todas aquelas encuestas, publicadas y sin publicar, y estudios realizados sobre la violencia terrorista, incidencia de la misma, consecuencias en el País Vasco".

Con estas y otras diligencias, el magistrado pretende probar que dicha limpieza étnica ha dado lugar al "abandono o éxodo de una parte sustancial de la población del País Vasco", que ha tenido que darse de baja, por tanto, en el censo electoral de Euskadi.

En el auto, el juez señala que, según los indicios existentes, para lograr esa "depuración" dl censo electoral vasco, Batasuna y ETA han optado por el mantenimiento sistemático de un clima social de presión e intimidación tendente, no sólo a lograr una hegemonía política nacionalista externa en todo el territorio, sino que "ha ido, directamente, a obtener la segregación del sector no nacionalista de la población con el propósito último de hacerle insoportable la permanencia en aquel territorio, obligándosele a abandonarlo".

El magistrado recuerda que la segregación de una parte de la població de derecho de un territorio por razón de su origen étnico o geográfico o de su presunta adscripción ideológica es, no solamente inadmisible en un Estado de Derecho, sino, además una conducta delictiva reflejada en el Código Penal, e incluso, como crimen contra lahumandiad en el Estatuto de Roma.