El acuerdo alcanzado hoy corrige sólo en parte el problema ya que en su texto se señala textualmente que el protocolo no resultará aplicable a los procedimientos de extradición que hayan sido resueltos con anterioridad a su entrada en vgor.

Por otra parte, el protocolo de modificación recoge abiertamente el rechazo de ambos países a las prácticas terroristas, "en todas sus formas y manifestaciones cualesquiera que sean sus autores y motivaciones".

Asimismo, el texto acordado señala que "los actos terroristas son delitos comunes graves, y como tales, deben ser juzgados por tribunales nacionales de conformidad con la legislación interna y las garantías que ofrece el Estado de derecho".

La delegación española que ha negociadoesta declaración conjunta ha estado integrada por el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, por el director general de Asuntos Consulares, José Ignacio Carvajal, y el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Francisco Bueno Arus.

Un portavoz del Ministerio del Interior indicó que, con este acuerdo, "se ha demostrado la estrechísima relación entre España y Méjico, y la absoluta confianza de ambos gobiernos en la lucha contra el terrorismo".