Con la declaración de estos 13 testigos, la Sala Especial del Tribunal Supremo oncluyó la primera sesión de práctica de pruebas acordada para determinar si procede la ilegalización de Batasuna, como solicitaron en su día la Fiscalía General del Estado y el Gobierno.

En total habían sido citados un total de 14 agentes de la Policía Autónoma Vasca, pero las partes renunciaron al testimonio de uno de ellos, que no pudo acudir al Tribunal Supremo debido a que ha sido ingresado en un hospital.

Los Ertzaintzas declararon en relación al control que tuvieron que efectuar de cuatro anifestaciones celebradas el pasado verano, concretamente el 13 de julio y los días 11, 15 y 17 de agosto, en las que se produjeron incidentes que no fueron achacados a responsables de la coalición "abertzale", sino a pequeños grupos del grueso de las concentraciones o, incluso, a personas ajenas a las mismas.

Así, en relación a la manifestación celebrada el 13 de julio en Lezo (Guipúzcoa), gobernado por Batasuna, declararon cuatro miembros de la Ertzaintza, el instructor del atestado y tres agentes qe acudieron a controlar la concentración.

Todos ellos coincidieron en señalar que la marcha de la manifestación tuvo que ser detenida, debido a que en la pancarta de la cabecera se exhibía el anagrama de Gestoras Pro Amnistía, cuyas actividades habían sido declaradas ilegales por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Según los testigos, algunos manifestantes, que no pudieron ser identificados al no encontrarse en la cabecera de la manifestación, profirieron gritos contra la Policía Auónoma Vasca ("Zipaios, enemigos del pueblo"), cuyos agentes no escucharon lemas a favor de la banda terrorista ETA ni similares, según declararon hoy ante el Tribunal Supremo.

CUATRO DETENIDOS

Además, los agentes se vieron obligados a detener a cuatro personas que, salvo el alcalde de Lezo, se negaron a identificarse cuando se detuvo la marcha de la manifestación, que había sido comunicada previamente al departamento de Interior del Gobierno Vasco y convocada bajo el lema "Contra las extradiciones ylas entregas".

Asimismo, señalaron que la manifestación fue precedida por un vehículo de la policía local, lo que no suele ser muy frecuente, dado que la seguridad de las manifestaciones corre a cargo de quienes la convocan.

El fiscal, el abogado del Estado y el letrado defensor de Batasuna, interrogaron a otros cinco agentes de la Policía Autonóma Vasca en relación a la manifestación convocada por Batasuna y celebrada el 11 de agosto bajo el lema: "Stop al fascismo, democracia para Euskal Herría.

Durante la manifestación se lanzaron gritos de "Gora Euskal Herría Ta Askatuta" y Joseba Alvarez, miembro de la mesa nacional de Batasuna, dijo que "si Aznar quiere guerra, se econtrará en frente con lucha de Euskal Herría y de Batasuna".

Los testigos coincidieron en señalar que en la cabecera se encontraban Arnaldo Otegui, Joseba Permach, Jon Salaberría y Joseba Alvárez entre otros, pero que iban tranquilos y que los gritos que se corearon procedían del grueso de la manifestación, a la que acuieron unas 5000 personas.

Durante esta manifestación sólo hubo un incidente protagonizado por un varón de unos 45 años, que quiso pelearse con un periodista que cubría el acto. Sin embargo, los hechos no llegaron a mayores, ya que el hombre fue controlado por las propias personas que acudían a la concentración.

Sólo uno de los Ertzaintzas, el instructor del atestado, escuchó las palabras de Joseba Alvarez, pero a través de las cintas de vídeo facilitadas por los distintos medios de comunicación qe cubrieron el acto.

QUEMA DE UNA BANDERA ESPAÑOLA

Durante la sesión de hoy también se habló de la manifestación celebrada el 15 de agosto en los alrededores del Ayuntamiento de San Sebastián, tras la cual se quemó una bandera española.

En el interrogatorio, los dos agentes que declararon como testigos no pudieron acreditar que los encapuchados que quemaron una pancarta blanca con los colores de la bandera española procediesen de la manifestación que previamente se había celebrado en honor a laikurriña en un lugar cercano, sin que se produjeran incidentes.

Este homenaje, en el que se corearon gritos de "Ikurriña sí, española no", y que duró unos 45 minutos, no fue convocado por ningún partido político, según el testimonio escuchado hoy en el Tribunal Supremo.

Los dos agentes restantes prestaron testimonio en relación a una manifestación celebrada el 17 de agosto en homenaje al preso de ETA Patxi Eskisabel. La concentración había sido convocada por una asociación de apoyo a presos.

Pese a que los magistrados habían previsto sesiones de mañana y tarde, esta primera jornada duró tan solo tres horas y cuarto, dado que los testigos propuestos por la Fiscalía eran los mismos que los que había solicitado la defensa de Batasuna, quien tuvo la oportunidad de interrogarles a lo largo de la mañana. Por esta razón, se han suspendido las comparecencias fijadas para esta tarde.

Los 13 testigos que comparecieron ante el Tribunal Supremo no tuvieron que revelar sus nombres ni ningún dato persoal, y fueron identificados por sus números de identificación profesional. Además, tampoco fueron vistos por el escaso público que asistió a la sesión de hoy.

MAS TESTIGOS

Para mañana por la mañana, está previsto que comparezcan los alcaldes de Vitoria y Lasarte, Alfonso Alonso y Ana Urchueguía, del PP y del PSOE, respectivamente, cuyos testimonios han sido solicitados por el fiscal para probar la presión a la que son sometidos los políticos no nacionalistas por parte de Batasuna.

También comparcerán el senador del PP Gonzalo Quiroga, el comandante de Marina de San Sebastián Carlos Galindo, el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa Juan Antonio Foncillas

Durante la tarde de mañana, se proyectarán varias fotografías y cintas de vídeo solicitadas como prueba por parte de la Fiscalía y de los abogados de Batasuna. Las sesiones de prueba continuarán los días 13 y 14 de enero, en los que declararán más testigos.

Este caso comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando la Fiscalía General del Estad y el Gobierno presentaron ante el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de ilegalización de Batasuna, amparándose en la recientemente aprobada Ley de Partidos.

Ambas demandas fueron admitidas a trámite por la Sala Especial del Alto Tribunal, por considerar que se cumplían los requisitos previstos en la citada ley. Posteriormente, los magistrados decidieron unificar ambas causas, al estimar que tanto el Gobierno como la Fiscalía General del Estado solicitaban exactamente lo mismo.