El acuerdo, similar en este punto al alcanzado por el Servicio Vasco de Salud y que ha sido criticado por el PP por beneficiar al entorno de la banda terrorista, concede permisos ilimitados y retribuidos a los empleados de Justicia para que puedan visitar a sus parientes encarcelados.

Según las fuentes consultadas, la inclusión de este prerrgativa en el acuerdo de Justicia fue solicitada de forma expresa por el sindicato LAB, vinculado a la coalición Euskal Herritarrok.

El apartado que hace referencia a estos permisos figura en un anexo del documento y su redacción coincide textualmente con la parte del convenio del Servicio Vasco de Salud que hace referencia al mismo asunto.

SIN LIMITE DE TIEMPO

En este sentido, en ambos acuerdos se alude a que "se concederá permiso para visitar a parientes hasta el segundo grado de cosanguinidad que estuvieran cumpliento penas privativas de libertad, por el tiempo que resulte necesario para ello, siempre y cuando las visitas no puedan efectuarse fuera del horario de trabajo".

A continuación, los dos acuerdos establecen que "el tiempo disfrutado en virtud de los permisos contemplados en este apartado, que no darán derecho a retribución alguna, podrá ser objeto de la recuperación horaria correspondiente".

La coincidencia de ambos convenios en este punto se debe a que LAB pidió su inclusió tomando como base el acuerdo general del Gobierno vasco con los sindicatos firmado en 1996, que ya recogía estos permisos especiales.

El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, ha denunciado que LAB impulsa el reconocimiento de este derecho para beneficiar a los familiares de presos de ETA, y que con ello se discrimina al resto trabajadores.

Según la pregunta dirigida por Barreda al Gobierno autonómico con motivo del convenio del Servicio Vasco de Salud, estos permisos no tiene límites y, además, son retribuidos, ya que los empleados pueden recuperar las horas que se han destinado a visitar a los presos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el acuerdo de Justicia fue suscrito a comienzos de noviembre por los sindicatos UGT, CC.OO y CSIF, mientras que ELA y LAB, organizaciones sindicales nacionalistas, se descolgaron por considerarlo insuficiente.

El documento, ya suscrito por la Consejería y los sindicatos que lo aceptan, sólo está pendiente de ser examinado por el onsejo de Gobierno vasco para ser publicado en el boletín oficial de la comunidad.