Baena manifestó a Servimedia que el Ejecutivo ha mostrado "un gran talante y receptividad" a las reclamaciones de las víctimas, y confió en que la ley qu va a elaborar corrija las desigualdades en las indemnizaciones y abra una vía para que las víctimas a las que no se les ha impuesto una indemnización judicial puedan obtener compensación.

No obstante, apuntó que se trata sólo de dar la posibilidad a las víctimas de solicitar al Gobierno el adelanto de las indemnizaciones u optar a ellas si no ha habido sentencia.

"Pero a nadie le van a obligar a renunciar a sus derechos. Quien quiera seguir reclamándole al terrorista, aun a sabiendas de que tiee muy difícil cobrar, puede hacerlo, siempre que no haya cobrado ya del Estado", indicó.

Por su parte, el director gerente de la AVT, José Antonio Corredor, declaró a Radio Voz que las indemnizaciones del Gobierno "no llegarán a los 60.000 millones de pesetas", y agregó que probablemente en esa cantidad "estén ya incluidos los intereses" generados durante estos años.