Las fuentes consultadas indicaron que antes del recurso de anticonstitucionalidad, el Gobierno central intentó, a través del ministro para las Administraciones Públicas, erónimo Saavedra, convencer al presidente Cañellas para que retirara su inicitiva, conversaciones que acabaron sin acuerdo.

El motivo de las reservas del Gobierno central contra el impuesto radica en que considera que se trata de una inicitiva que atenta contra las competencias reservadas al Estado en materia de regulación energética y supone un encarecimiento del precio final de la energía, por lo que afecta también a la competitividad de la economía y las empresas.

Además, los responsables del obierno balear señalaron que este conflicto competencial entre las dos administraciones amenaza con trasladarse también a la Justicia, porque el Tribunal Supremo ha admitido un recurso presentado por las empresas afectadas contra el reglamento de la "ecotasa" que había rechazado en firme, y sin lugar a apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Este último recurso presentado por las empresas intenta evitar el pago de los atrasos fiscales contraídos por estas compañías desde que se empezóa aplicar el tributo en Baleares hace 3 años, que ascienden ya a unos 8.700 millones de pesetas.

El Supremo admitió a trámite este recurso de las empresas el pasado mes de diciembre, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares señaló que se trata de una legislación tributaria de ámbito autónomico por lo que no caben recursos en instancias superiores.

El polémico impuesto fija el pago de una tasa a la Hacienda balear sobre el volumen de facturación de las empresas cuya actividad inide en el medio ambiente, ya sea por su impacto como por sus emisiones contaminantes (carga y descarga de combustibles, ocupación de terrenos, emisiones de gases, etc.), aspecto que implica a GESA, filial del grupo eléctrico estatal Endesa, Repsol, Repsol Butano, Cepsa, etc.

Para los responables del Gobierno balear, el argumento de que la tasa afecta al precio final de la energía no es válido, ya que puede recaer sobre los márgenes de negocio de las compañías, sin afectar a las tarifas de los combustiles o de la electricidad que se genera en las islas.