La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena al soldado Sergio Alonso a la pena de 11 años de prisión e inhabilitación absoluta durante este tiempo, por un delito de homicidio atenuado por el estado de "arrebato u obcecación" en el que se econtraba el condenado después de las peleas.

La sentencia del Alto Tribunal relata que en abril de 1997 Sergio Alonso, que entonces tenía 19 años, mantuvo una discusión con dos soldados veteranos mientras limpiaban las camaretas, sólo un día después de incorporarse al destacamento de Ibeas de Juarros (Burgos).

La discusión comenzó cuando los veteranos le ordenaron cortar las puntas de su gorra militar, es decir, "caparla", porque los novatos no deben llevar la gorra con picos. Al negarse el soldao, uno de los veteranos sacó una navaja y le cortó dos de los picos de la gorra, tras lo que Sergio Alonso sacó otra navaja y amenazó con hacerle lo mismo.

La discusión se reanudó cuando Saúl Hernando recriminó a Sergio Alonso no haber respetado la posición de firmes durante el izado de la bandera. En esta ocasión, los veteranos Francisco Mesa y Saúl Hernando propinaron una colleja y un empujón al condenado.

Ambas peleas fueron presenciadas por superiores, por lo que los implicados tuvieron que dr explicaciones por los hechos. Cuando se encontraba con sus compañeros de destino en la sala de mandos, Sergio Alonso espetó frases como "voy a pinchar a alguien", "son todos unos cabrones" y "no aguanto más".

Poco después, mientras esperaban en un pasillo en fila india para hablar con el capitán, estando la víctima y el condenado separados por un sargento, Sergio Alonso se abalanzó sobre Saúl Hernando, empujando al superior, y le propinó una puñalada que provocó su muerte.

El Tribunal le conden por el delito de homicidio a once años de prisión, con el atenuante de haber actuado bajo "un estado pasional provocado por las discusiones anteriores con sus compañeros soldados que disminuían, sin llegar a eliminarlas, sus capacidades de querer y entender".

Asimismo, el Supremo condena al soldado y al Ministerio de Defensa a pagar, a partes iguales, una indemnización de 30 millones de pesetas a la familia de la Víctima. El tribunal considera que la Administración es responsable subsidiria del delit, por no haber adoptado las medidas oportunas para evitar el asesinato.

En este sentido, la sentencia señala que los mandos militares incurrieron en varias omisiones como permitir que dos soldados dieran órdenes a otros, dejarles fumar hachís, permitir que sacasen una navaja y "no adoptar medida alguna" ante las sucesivas discusiones y las amenazas proferidas por el condenado.

De esta forma, el Supremo revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que negaba la responabilidad civil subsidiaria del Ministerio de Defensa.