Ese año, el Estado adjudicó, sin concurso ni subasta previo, 7.150 contratos, el 77,6 por ciento del total. El importe de esos contrats de obras, servicios o asistencia técnica adjudicados "a dedo" ascendió a 443.043 millones de pesetas, lo que supone el 40,8 por cien de la cantidad contratada en 1990, que se elevó a 1.084.133 millones.

El resto se adjudicó mediante la convocatoria de concursos, vía por la que se contrataron 494.000 millones de pesetas, o la realización de subastas entre diversos licitadores, que canalizaron otros 147.000 millones.

El sistema de adjudicación fue especialmente usual en los contratos de suministrs, en los que se tramitaron "a dedo" compras por 196.880 millones de pesetas, dejando sólo 49.368 para concursos y 60 millones para subastas.

En la contratación de obras, las adjudicaciones "a dedo" se elevaron a 203.728 millones, menos que los 403.268 millones asignados previo concurso pero más que los 146.494 millones canalizados a través de subastas.

Finalmente, en los contratos de asistencia, (principalmente con empresas consultoras y de servicios, para la realización de informes y de servicis), también predominaron las adjudicaciones directas, que absorbieron 42.435 millones de pesetas, frente a 41.293 millones en los concursos.

Los ministerios que más recurrieron a la contratación directa son los de Obras Públicas y Transportes, con un gasto de 161.000 millones de pesetas por este procedimiento; el de Defensa, de 131.000 millones; Economía, con 67.000 millones; Interior, con 31.000 millones; y Trabajo, con 16.000 millones.

Además, la contratación "a dedo" no está restringida a obra y servicios de escasa cuantía, ya que se adjudicaron por esta vía 99 proyectos con un presupuesto superior a los 500 millones de pesetas, por un importe total de 234.000 millones.

Según la vigente legislación, por contratación directa sólo pueden adjudicarse obras o servicios cuando sea imposible promover concurrencia, en situaciones de reconocida urgencia para hacer frente a necesidades apremiantres, al quedar desierta una adjudicación por falta de licitadores, y en los casos protegidos por el secreo cuando está en juego la protección de los intereses de la seguridad del Estado.