Esta regulación obedece a la creación de un espacio comunitario sin fronteras que exige modificar el control fitosanitario de los productos que antes se hacía a la entrada y salida del territorio nacional, y que ahora exige que se haga en su origen, tránsito y destino, por lo que se conceden éstas competencias a las comunidades autónomas.

Por otro lado, la supresión de los controles fitosanitarios en las fronteras intrcomunitarias afecta a estos productos procedentes de países terceros, que pueden introducirse por cualquier estados miembro y que convierte a España en frontera exterior de las Comunidades Europeas.

En este sentido, será el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el responsable de lo relacionado con países terceros, mientras las comunidades autónomas lo serán en lo que respecta al mercado interior. El decreto no será de aplicación en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.