El Convenio Europeo del Paisaje se lanzó en el año 2000 y está en vigor desde 2004. Constituye un tratado internacional y para los países firmantes significa asumir la responsabilidad por parte de las administraciones públicas en la consideración y atención al paisaje por su interés social, ambiental, cultural y económico.

Una de las principales aportaciones del Convenio se refiere al concepto de "política en materia de paisaje", entendida como la formulación por los responsables públicos de principios, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específicas y concretas para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.

Esa política supone el reconocimiento jurídico del paisaje; contar con la participación del público en su formulación, y la integración del paisaje en las políticas de ordenación del territorio y urbanística y en todas aquellas otras que puedan tener un impacto sobre el paisaje.