Así lo denunció este viernes la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un informe en el que también advirtió de que el “déficit” de plazas residenciales para personas mayores en España “sigue aumentando tras la pandemia” y de que en 2021 y 2022 aumentaron en 9.541 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se incrementó en 380.265 personas en el mismo periodo y al comienzo de 2023 había 398.575 plazas residenciales para mayores.

Asimismo, la asociación subrayó que los últimos datos publicados por el Imserso “parecen indicar” un “crecimiento” del sector residencial en 2022, tras el “estancamiento” registrado el año anterior como consecuencia del “enorme impacto” de la pandemia en estos centros.

“Las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando y el resultado es un mayor déficit de plazas residenciales año a año”, denunció, al tiempo que recordó que en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5% y en el último año este déficit alcanza las 85.814.

Por lo que respecta a las plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III), la asociación hizo hincapié en que, según los últimos datos oficiales, hay en lista de espera para ser atendidas 71.776 personas con Grado II y III, más 61.721 “pendientes de valorar”, que, a su entender, “previsiblemente obtendrán uno de esos grados”.

Esto eleva el número hasta las 133.497 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 26,3% de los grados III y un 16,3% de grado II “demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio”.

POR REGIONES

Por regiones, las comunidades con “mayor déficit” de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valencia, con 32.670 y 24.843 respectivamente, mientras que sigue habiendo un “exceso de plazas” en seis comunidades, entre las que “destacan” Castilla y León, con 17.234. Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades con “mayor equilibrio” en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

En paralelo, la asociación explicó que casi siete de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública, en concreto el 67,9% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 270.702, frente a las 127.873 “exclusivamente privadas”.

Por su parte, tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado “ligeramente” desde 2015, hasta alcanzar 2,79 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la “más elevada hasta la fecha”, según la entidad, que resaltó que las regiones con “mayor cobertura” de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón y aquellas con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.

DESINSTITUCIONALIZACIÓN

A juicio de la asociación, la estrategia de desinstitucionalización planteada el año pasado por el Ministerio de Derechos Sociales con las Comunidades Autónoma “reduciría la necesidad de plazas residenciales”. “Un objetivo que se complementaría con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial, una estrategia en línea con la propuesta del nuevo modelo residencial que planteó la asociación”, abundó.

“Sin embargo, al inicio de 2023 todavía no se han dado pasos decididos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio, servicio que en 2022 sólo alcanzaba una cobertura de 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia”, sentenció.

No obstante, consideró “más llamativo aún” que la media de horas de atención y cuidados “sólo alcanza 20,2 horas mensuales, dos décimas menos que en 2019, año previo a la pandemia”. “Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados, las mujeres”, apostilló.

Junto a ello destacó la “necesidad” de disponer de datos y referencias “fiables” para mejorar la “planificación” después de que el Ministerio de Derechos Sociales anunciase un acuerdo con el INE para incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional en 2022, lo que, a su entender, “permitiría conocer con todo rigor y en el propio año los datos de este importante sector de los cuidados residenciales de personas mayores y personas con discapacidad o en situaciones de dependencia”, si bien dichos datos siguen sin publicarse.

Por otra parte, insistió en que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) “resulta inadecuada en la sociedad actual”. “La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores”, espetó, para solicitar al Imserso que “proponga” al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio “más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores”.