Así lo aseguró hoy el presidente de la Asociacion Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), Manuel Ollé, en una rueda de prensa en Madrid, donde estuvo acompañado de representantes de Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Jueces para la Democracia (JpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y abogados de derechos humanos.

Todos ellos señalaron que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pactada entre el PSOE y el PP y que incluye limitar la jurisdicción universal para delitos graves cometidos en otros países, llega cuando la Audiencia Nacional ha admitido a trámite las causas de Guantánamo, Gaza y Falung Gong.

Ollé afirmó que la justicia universal no debe limitarse a la presencia de víctimas españolas en otros países y destacó que "cualquier política exterior jamás se puede desarrollar a costa de los derechos humanos".

Aludió a "presiones políticas, diplomáticas y comerciales" que el Gobierno puede haber recibido de Estados Unidos, China e Israel, argumento defendido también por Gonzalo Boyé y Carlos Iglesias, abogados de las causas abiertas en la Audiencia Nacional sobre Gaza y Guantánamo, y de Falung Gong, respectivamente.

Por su parte, el consejero jurídico de HRW, Reed Brody, lamentó que la justicia universal sea "de doble rasero" en España, ya que se muestra "eficaz en los países del tercer mundo", pero "cede ante los poderosos".

Añadió que "una de las mayores contribuciones que ha hecho España en los últimos 15 años a los derechos humanos es el ejercicio de la justicia universal", idea en la que coincidió Brody: "España, desde el caso de Pinochet, se había convertido en sinónimo de justicia".

"SÍ AL CRIMEN DE GUERRA"

Otro argumento en contra de la reforma es, según Gonzalo Boyé y Giulia Tamayo, responsable de Investigación de Amnistía Internacional, que "pretende una búsqueda desesperada de la impunidad".

"Hace una legislatura y media, España era el país del no a la guerra y ahora se ha convertido en el país del sí al crimen de guerra", apostilló Boyé.

El director de la Fundación Rigoberta Menchú, Benito Morales, recalcó que esta limitación de la justicia universal generará "frustración entre las miles de víctimas guatemaltecas", después de que la Audiencia Nacional abriera la causa hace algunos años.

Por otra parte, Ollé afirmó que los colectivos afectados solicitarán entrevistas con los grupos parlamentarios, se manifestarán ante el Congreso de los Diputados y harán actos informativos sobre la justicia universal.

Ollé indicó que las 13 causas abiertas en la Audiencia Nacional sobre justicia universal, como Gaza, Guantánamo, Falung Gong, Guatemala, El Salvador, Tíbet, Ruanda, vuelos de la CÍA y José Couso, no se verán afectadas por la reforma porque "se trata de una ley procesal que no tiene efectos retroactivos".