El tribunal fue creado este año por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de su resolución 827, con el fin de juzgar los delitos de extrema gravedad cometidos a partir de 1991 en la antigua Yugoslavia. Dicha resolución obliga a los estados miembros a adaptar su derecho interno al estatuto del tribunal.

De ahí la promulgación de esta ley orgánica, mediante la cual España podrá prestar una plena cooperacón al tribunal. Algunos de los preceptos del estatuto de este organismo, una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado, pueden ser de aplicación directa por su contenido material, mientras que otros necesitaban de un desarrollo normativo interno.

El Ministerio de Justicia tendrá el carácter de autoridad central en las relaciones con el tribunal internacional, centralizándose las competencias judiciales en la Audiencia Nacional, tal como figura en el proyecto de ley holandés, el único existente e la actualidad.

Una característica particular del estatuto del tribunal es que prescinde del mecanismo tradicional de la extradición y lo sustituye por una puesta a disposición del tribunal internacional, donde el acusado gozará de todas las garantías exigidas por el Derecho Internacional y por las legislaciones internas de los estados europeos.

El proyecto de ley orgánica prevé además la posibilidad de que si eventualmente fuese condenado un español, éste pudiese cumplir su condena en España aunue sin exceder el límite básico previsto en la legislación española y bajo el control de los jueces de vigilancia penitenciaria y de la Audiencia Nacional.