Los casos de fraude fueron 119, de los que 66 correspondieron a apropiaciones indebidas de las ayudas comunitarias a la agricultura procedentes del Feoga-Garantía, por un importe total de 635 millones de pesetas.

Los 53 casos restantes consistieron e irregularidades en los recargos arancelarios de la Política Agraria Común (PAC) e importaciones a terceros países. El fraude en este capítulo se elevó a 270 millones de pesetas.

De esta forma, España es el quinto país de la CE con más fraude detectado, en un "ranking" que encabeza Italia, con más de 14.000 millones de pesetas, seguida de Alemania, con 13.000 millones.

Los países comunitarios con menos irregularidades fueron Luxemburgo, con un fraude cero, seguido de Grecia y Portugal. El dinero cultado por todos los estados a las arcas comunitarias fue de unos 38.500 millones de pesetas.

En España, el Ministerio de Agricultura, el principal departamento de la Administración española afectado por el fraude, comunicó a la Comisión un total de 216 casos sospechosos, por un importe total de 6,6 millones de ecus (unos 950 millones de pesetas), pero una vez revisados se quedaron en los 66 mencionados.

Además, el año pasado este departamento recuperó unos 55 millones de pesetas defraudados, grcias a las inspecciones regulares que realiza, y corrigió sus expedientes de 1989-90 en las primas por oveja, que quedaron en un monto total de 1.315 millones de pesetas.

Para detectar las irregularidades cometidas por agricultores y ganaderos, España utiliza un sistema de teledetección por satélite, financiado por la Comisión, que el año pasado realizó el control de 1.050 parcelas en la retirada de tierras y 4.205 cultivadas de oleaginosas, siendo el primer país comunitario en la utilización de esta ecnología.