En cuanto a la población infantil atendida en las casas de niños y ludotecas privadas, se trata de un dato todavía desconocido pero, una vez que ya ha comenzado a aplicarse el decreto de Regulación de la Educación Infantil, Mato Gómez confióen que pronto podrá saberse.

La asistencia a los niños españoles en esta franja de edad es prestada directamente por los ayuntamientos, pero la financian a partes iguales las comunidades autónomas y el Gobierno central, a través de convenios.

En 1990, las distintas administraciones destinaron 695 millones de pesetas al programa de 0 a 3 años; este año han llegado a 1.068 y para 1992 están presupuestados más de 1.400 millones, según el director general de Protección Jurídica del Menor.

Los prncipales servicios que incluyen estos convenios son escuelas infantiles o guarderías convencionales; casas de niños, donde éstos pueden estar menos horas porque la familia les puede prestar una mayor atención; ludotecas, para pequeños de más de año y medio y donde los padres buscan principalmente que sus hijos tomen contacto con otros niños y, por último, la atención en el medio rural.

En este último caso, la iniciativa pública consiste en una plantilla de educadores que visitan periódicamente a las fmilias y que pretenden servir como transición a la escuela para el menor.

ZONAS PRIORITARIAS

Según Mato Gómez, las autoridades consideran áreas prioritarias para la implantación de este programa los barrios periféricos desfavorecidos económicamente, los de nueva creación, las zonas que contribuyan al asentamiento de la población en el ámbito rural y las comarcas de fuerte crecimiento demográfico.

Sin embargo, para que cada región se pueda beneficiar de este convenio con Asuntos Sociales es precso que los servicios sean de nueva creación, es decir, que se trate tanto de un servicio previamente inexistente como de la ampliación de los existentes, la ampliación de horario, de número de plazas, del grupo de edad o de la transformación de servicios temporales en permanentes.

Las comunidades autónomas que cuentan con un convenio de esta naturaleza son Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja y Valenci.

En la Comunidad Autónoma de Madrid, las distintas administraciones están empleando durante este año más de 170 millones en 37 proyectos de asistencia a niños menores de 3 años, según declaró el director general de Protección Jurídica del Menor.

Por su parte, las familias costean en parte estos servicios, dependiendo de su nivel de ingresos y según los baremos que establece cada región.