"Si yo fuera juez en activo y tuviese competencia, ya habría adoptado medidas muy contundentes, como adelantar el regstro del CESID, la intervención de ese conjunto de cintas que, al parecer, contiene esas comunicaciones telefóncias y probablemente habría tomado alguna medida de carácter personal cautelar", declaró Gómez de Liaño a Radio Voz.

El vocal del CGPJ hizo un llamamiento al fiscal general del Estado, Carlos Granados, para que intervenga en este caso, ya que "tiene la gran oportunidad de asumir un asunto que apunta nada más y nada menos que al vicepresidente del Gobierno, persona aforada, lo que implicaría l competencia del Tribunal Supremo".

Gómez de Liaño abogó por que se abra una investigación judicial a partir de la noticia aparecida en el diario "El Mundo". "Las leyes procesales españolas, y en concreto la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicen que el juez empezará su investigación a partir de una serie de hechos, y uno de ellos es, según el argot procesal, el de la 'noticia criminis'", explicó.

El miembro del Poder Judicial dijo estar "muy preocupado, porque si la noticia es cierta y se confirm su veracidad, estaríamos ante uno de los atentados más graves a la Constitución española y al Estado de derecho, no sólo porque se ofende un artículo que obliga al respeto de la privacidad de las comunicaciones telefónicas, sino porque se agrede al preámbulo de la Constitución, cuando nos habla de que la misión de nuestros poderes es ordenar la convivencia democrática y defender los estados de derecho y proteger los derechos de los ciudadanos".

Además, añadió que, "en el plano de la legislación ordinria, estaríamos ante un delito muy grave que está tipificado en el Código Penal".