Escrivá hizo esta declaración ante los medios de comunicación en Sevilla, donde reconoció que el Gobierno está pendiente “de la sentencia prejudicial que ha presentado el Tribunal Supremo, que en algún momento tendrá que unificar doctrina sobre estas situaciones”.

“Estamos a la espera de cómo termina de sustanciarse este asunto en el ámbito judicial para después hacer la reflexión adecuada de en qué medida nuestro marco de referencia tiene que adaptarse”, dijo.

En ese sentido, subrayó que son sentencias “con casos individuales que tienen que ver con situaciones muy tristes, algunas extremas, que se han desarrollado en la mayoría de los casos hace muchos años y que han generado situaciones de temporalidad absolutamente intolerables”. “Son situaciones generadas hace muchos años, injustas, y deben existir compensaciones y mecanismos para que no se vuelvan a reproducir”, insistió.

También hizo referencia a la ley 20/21, que abordar “de una forma potente el problema de la temporalidad”. “Lo estamos abordando de una forma exitosa y el ritmo es el adecuado”, finalizó.

El TJUE consideró en una sentencia que “ni la convocatoria de procesos selectivos ni la compensación resultan adecuadas para prevenir o sancionar los abusos” relativos a la “utilización de contratos o relaciones laborales de duración determinada”, por lo que “la conversión de los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir una de las medidas” para prevenir dichos abusos.