Escrivá se expresó de este modo durante una jornada celebrada en el Senado, organizada por '65ymás', en la que señaló que España la salida del mercado de trabajo de forma gradual “ocurre mucho menos” que en países del entorno.

Por ello, defendió que es un motivo de “discusión” con los sindicatos y la patronal en el año 2024, aunque precisó que no cree que vaya a ser “necesario” que se tenga que aprobar otra gran reforma de pensiones en el futuro para garantizar la sostenibilidad del sistema.

En este sentido, el ministro puso en valor que las reformas que se están aprobando en materia de pensiones “refuerzan la credibilidad” del sistema y lo hace más “robusto en el tiempo”.

Además, contrapuso la reforma que está impulsando su Gobierno frente a la que el PP aprobó en 2013, “sin consenso en el Parlamento” y “sin un acuerdo con los agentes sociales”. Según explicó, la reforma actual sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo e incluye hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

INCERTIDUMBRE

En su intervención, el ministro criticó a quienes generan incertidumbre al abogar por no revalorizar las pensiones con la media de la inflación anual calculada en noviembre. Además, insistió en que tampoco comparte que se pida no elevar con el IPC las pensiones máximas, ya que “nunca nadie planteó una cláusula de escape” y ahora se hace “sin tiempo” y sin “una reflexión suficiente”.

Así, detalló que los pensionistas consumen productos más expuestos a la inflación que el resto de la ciudadanía. “Plantear extemporáneamente cuestiones sobre pensiones que tienen una repercusión grande contribuye a generar esa incertidumbre injusta sobre los pensionistas”, avisó.

En relación con el gasto en pensiones, Escrivá subrayó que “la posición de partida de España está por debajo de la media de los países de nuestro entorno, lo que no quiere decir que no tengamos un reto hacia adelante”. No obstante, recordó que hubo previsiones en los años 90 que anunciaban que el sistema colapsaría en la primera década de los 2000 y finalmente hubo superávit, lo que llevó a los gobiernos a “sobrecargar” a la seguridad Social de los conocidos como “gastos impropios”.

En este punto, el ministro puso en valor que el Estado está asumiendo esos costes, mientras que está aumentando la recaudación por cotizaciones por la positiva marcha del mercado laboral, que está “aguantando” pese al contexto actual, mientras mejora la “calidad” del empleo. Al hilo, puso como ejemplo el aumento de puestos de trabajo en el sector de la informática o del ámbito científico-técnico.

El ministro también se refirió a la importancia de los incentivos para favorecer la jubilación demorada y destacó que las jubilaciones anticipadas con 61 están cayendo hasta septiembre este año un 12%, mientras suben un 7% los retiros con más de 65 años, en comparación con la situación previa a la pandemia.

Respecto de la posibilidad de modificar el período de cálculo de las pensiones, el titular de la Seguridad Social manifestó que “estamos buscando una solución que responda a las recomendaciones del Pacto de Toledo”, incidiendo en que las personas puedan eliminar los años peores en su trayectoria laboral.

Finalmente, sobre el destope de las pensiones máximas y las cotizaciones, el ministro resaltó que ello tendría la “virtuosidad” de aumentar los ingresos en la década de los años 30 y 40, cuando más “tensión” tendrá el sistema, ya que el pago de pensiones más altas será más progresivo.

“España es un país anómalo. Tenemos una pensión máxima relativamente baja para lo que es habitual en los países de nuestro entorno”, añadió Escrivá, quien también defendió la importancia del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones que ha venido a sustituir al anterior factor de sostenibilidad, aprobado en 2013.