La propuesta incluye diversas medidas para combatir las estafas en transacciones financieras online, con un enfoque especial en las plataformas tecnológicas y las instituciones financieras. ERC dice que, según datos del Banco Central Europeo, las operaciones fraudulentas alcanzaron los 4.300 millones de euros en 2022, una tendencia que se mantuvo en el primer semestre de 2023.

La diputada de ERC y presidenta de la Comisión de Industria y Turismo en el Congreso, Inés Granollers, explicó que en el Estado “las reclamaciones al Banco de España han llegado a niveles históricos, con más de 12.000 expedientes solo el año pasado, muchos de ellos relacionados con fraudes en pagos con tarjeta y transferencias”.

“Es fundamental que los consumidores no queden desprotegidos ante el fraude digital. Por ello, es esencial que los bancos asuman la responsabilidad de reembolsar los daños causados por estafas, incluso en los casos en que las operaciones fueron autorizadas bajo condiciones engañosas”, exigió Granollers.

En el documento, ERC señala que, a pesar de poder denunciar estos casos en el Banco de España, “un 37% de las reclamaciones son inadmitidas, con el argumento de que los bancos no tienen responsabilidad sobre pagos autorizados, aunque estos suelen ser el resultado de estrategias de ingeniería social”.

Ante ello, con esta propuesta ERC insta al Gobierno a defender el derecho de los consumidores a recibir el reembolso de las operaciones fraudulentas. “Las víctimas de estafas no pueden ser consideradas responsables de la negligencia, cuando han sido engañadas por estrategias de ingeniería social, que están en constante evolución”, recordó la diputada.

Además, esta iniciativa subraya la necesidad de impulsar campañas de educación financiera para ayudar a los consumidores a identificar diferentes tipos de estafas y promover prácticas de seguridad online y destaca la importancia de mejorar la supervisión de las plataformas sociales, ya que muchos fraudes están vinculados a contenido ilegal y engañoso publicado en redes.

La iniciativa también propone la creación de un fondo de garantía para resarcir una parte de las cantidades estafadas a las víctimas, con aportaciones de los operadores del sector financiero. Asimismo, la futura autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero deberá ser un elemento clave para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados en todos los ámbitos de las transacciones financieras.