En la exposición de motivos, ERC critica que las estructuras del Estado que “han sido utilizadas para llevar a cabo guerra sucia y terrorismo de Estado” y han servido para “infiltrar, espiar, perseguir y reprimir movimientos sociales y políticos como el independentismo” son “las mismas que hoy amenazan al propio Gobierno por motivos ideológicos”.

Este partido recuerda así que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se tomo cinco días de reflexión después de que un juzgado admitiera a trámite una denuncia contra su mejor, Begoña Gómez, por un posible caso de tráfico de influencias. Finalmente, optó por no dimitir y continuar “con más fuerza si cabe”.

En este sentido, los de Oriol Junqueras señalan que el “reconocimiento de la existencia de guerra judicial o ‘lawfare’ por parte del Gobierno” pone “en cuestión la máxima reiterada” por el propio Ejecutivo cada vez que salía a la luz un caso de “guerra judicial contra otros”: que España “es una democracia plena”.

Por ello, ERC asegura que el Gobierno debe demostrar ahora “su compromiso contra toda corrupción, y en particular policial, judicial, política y democrática, si tiene interés real en combatir la persecución mediática y judicial por motivos ideológicos y en llevar a cabo una regeneración democrática”.

PROPUESTAS

Para demostrarlo, le insta a crear una comisión independiente sobre los casos de guerra judicial en el Estado. Al mismo tiempo, propone al Ejecutivo de Sánchez que modifique la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos Oficiales.

Asimismo, le anima a cumplir con todas las resoluciones de organismos oficiales internacionales realizadas en el Estado “para garantizar los derechos humanos, políticos y democráticos” y la derogación de la llamada Ley Mordaza, “es decir, toda la restricción de derechos contemplada en la última reforma de la ley de Seguridad Ciudadana”.

Propone también depurar “las cloacas del Estado” tomando las medidas legales, penales, y administrativas, que correspondan para “castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas, o para separarlos de los cargos susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito”.

Sobre los medios de comunicación, ERC aboga por crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que, entre otras funciones, “vele para evitar la desinformación, realice prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante eventuales abusos y distorsiones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, la difamación y la calumnia, garantizando así el derecho constitucional a una información veraz”.